La investigación periodística de Mariel Fitz Patrick para INFOBAE busca echar luz, sobre un tema que mantiene en vilo a la sociedad fueguina en general y la riograndense en particular. Transcribimos lo publicado por el portal durante el fin de semana. 

Ahora la lupa se posó sobre cómo actuará el Poder Judicial local, con el expediente más explosivo que tuvo entre sus manos. Este medio tuvo acceso en exclusiva a la causa y analizó la actuación del fiscal que desestimó dos de las denuncias de las presuntas víctimas, sin pedir ninguna medida de prueba.

El llamativo silencio de los medios locales de Río Grande – en su mayoría afines a Melella, con la excepción del periodista Guillermo Lacaze-, contrastó con la repercusión que tuvo el caso en la prensa nacional. El silencio se extendió al poder político, que no salió públicamente a pedir explicaciones. El Concejo Deliberante local – donde Melella controla la mayoría de sus miembros- tampoco se reunió, ni abordó el tema.

El intendente, quien se negó a responder las acusaciones ante la consulta de Infobae antes de la publicación, eligió la red social Twitter para hacer su descargo. Señaló que se trataba de una "campaña sucia" de cara a las elecciones a gobernador del año próximo. En los días posteriores se dedicó a hacer posteos en esa red social, en los que publicitó su gestión sin volver a referirse al tema.

Según las encuestas, Melella –un ex radical que se pasó a las filas de FORJA, agrupación alineada con el kirchnerismo– está bien posicionado en relación a Rosana Bertone, la actual mandataria hoy en el PJ, que aspira a la reelección.

Pero cuando el miércoles el fiscal mayor Guillermo Quadrini elevó su requerimiento al juez de Instrucción Nº 2, Raúl Sahade, en el que imputó a Melella de abuso sexual, el intendente decidió regresar de Buenos Aires, donde estaba de licencia, y presentarse en los Tribunales de Río Grande.

Al salir, ante los medios locales, aseguró que "no tenía nada que ocultar" y que había "una intencionalidad política" en las acusaciones.

Francisco Ibarra, centró sus cuestionamientos en los mensajes de audios de Melella por Whatsapp difundidos por este medio. Advirtió que no habían sido incorporados aún al expediente como prueba, que podrían haber sido editados y que no estaba claro quienes eran los destinatarios. Mañana lunes haría una presentación espontánea, "aclarando todo lo que haya que aclarar", en la que pedirá que "se incorporen completos" y que "se citen a declaración testimonial a los interlocutores de esas conversaciones".

Según le confirmó el abogado de los denunciantes, Francisco Giménez, a Infobae, varios de los audios tienen como destinatario a uno de los denunciantes, Mario, a quien Melella identifica como "Papi 1".

Giménez le adelantó a este medio que "como el juez no les quiso tomar los teléfonos celulares cuando declararon, mañana los entregará en el Juzgado "para que sean peritados, y terminar así con la discusión de si es la voz de Melella, y si los audios son editados o no". Aseguró que "los aparatos contienen los chat y audios entre el intendente y las víctimas de abuso sexual" y sostuvo que si el juez no se los recibe, planea "volver con un escribano, labrar un acta y dejársela colgada del cartel que dice juez".

Respecto del teléfono del denunciado, señaló que esperaba que "Melella haya dejado su celular al juez cuando lo visitó" el jueves. Según una fuente vinculada al Municipio, Melella habría cambiado de aparato telefónico tras la difusión de las acusaciones.

El intendente eligió cerrar la semana más crítica de su carrera política asistiendo a un congreso educativo organizado por el Municipio, en el colegio Don Bosco de la ciudad. Buscó estar visible y mostrarse activo en la gestión. También se ocupó de difundir por las redes un video donde fue aplaudido calurosamente por los asistentes, en su mayoría vinculados al SUTEF, el gremio docente que lo apoya.

Sin embargo, en una reunión realizada el jueves por la tarde en la Municipalidad con sus funcionarios más cercanos, Melella habría admitido estar "golpeado" por las denuncias. Según pudo saber este medio, la estrategia definida en ese encuentro habría sido "mostrarse firmes y enteros, lanzar la campaña a gobernador, poner a Bertone atrás de las denuncias y llevarlo al plano político". Asimismo, se habría acordado "desacreditar a los denunciantes y pegar a alguno con el gobierno".

Un expediente caliente

Infobae accedió al expediente judicial completo de la causa, iniciada el 28 de agosto a partir de una denuncia de Giménez por presuntas irregularidades en el manejo de la obra pública en favor de "empresas amigas" -Patagonia Construcciones y la de Marino Luis Vaquera-, que le habrían facturado a la Municipalidad trabajos que no realizaron.

En ese marco, el 31 de agosto fueron citados a declarar como testigos tres obreros de la construcción, damnificados por no poder terminar de cobrar su trabajo. Ante el juez Sahade, contaron -con la obligación de decir la verdad- haber sido acosados y extorsionados sexualmente por Melella a cambio de trabajo.

Los denunciantes fueron Alfredo Suasnabar, de 55 años y oriundo de Tucumán; Damián Rivas, de 58 años y nacido en Formosa; y Mario (se preserva su apellido por pedido de su abogado), de 43 y también proveniente de esa provincia norteña. Infobae viajó hace 10 días a Río Grande y entrevistó a Suasnabar y Rivas. Ambos estaban muy afectados por lo vivido. Mario, sumido en la vergüenza, se volvió a Formosa y no quiso hablar públicamente.

Por describir delitos contra la integridad sexual que, al ser de índole privada requieren que sean denunciados por la propia víctima, al terminar su declaración testimonial, les preguntaron si querían instar la acción penal contra Melella. Rivas y Suasnabar respondieron afirmativamente, en tanto que Mario pidió reservarse la posibilidad de hacerlo más adelante, lo que hizo diez días más tarde, el 10 de septiembre, cuando además pidió ser querellante.

El juez Sahade elevó las denuncias a la Fiscalía Mayor interviniente en la causa por la obra pública a cargo de Quadrini, quien en ese momento estaba siendo subrogado por su subalterno, Pablo Candela.

Archivo y desestimación

Candela pidió el 30 de agosto una serie de medidas vinculadas a las posibles irregularidades con el manejo de las obras municipales. Pero en relación a las declaraciones de presunto abuso acoso y sexual, dispuso el 10 de septiembre el archivo de lo denunciado por Mario porque al momento de declarar como testigo, no había instado la acción penal contra el intendente.  En ese mismo dictamen, desestimó las declaraciones de Rivas y Suasnabar, sin disponer ninguna medida de prueba. Pese a los detalles explícitos de las testimoniales, consideró que "no hubo delito".

En su resolución, opinó que "los casos no aportan un quebrantamiento de la libertad de elección de las personas que han practicado una relación sexual" ya que "no se advierte en ellos vulneración de su integridad sexual".

Sin embargo, el relato de Suasnabar ante la Justicia indicaría lo contrario: "Melella me citó en su casa (…)me dice si podía ir a su casa para que arreglemos, y le dije si no podía ser en su oficina, pero me dijo que no y que tenía que ser en su casa el sábado a la tarde, en la calle Anadón 1071, primer piso. Yo tenía la desesperación de cobrar la plata, así que al final fui (…) Cuando llego, golpeo la puerta, me atiende y me hace pasar. Hasta ese momento me trató bien, me saludó bien y me abrazó. Me hizo sentar en el sillón, y me bajó el cierre del pantalón, me extrajo el pene y se lo metió en su boca. Fue algo sorpresivo y le dije 'la pucha que´ está pasando', no sabía si meterle una piña o qué, le dije que 'yo vine a cobrar' y él decía que 'me entregue'. Me decía 'entregate papito, dámela, y cosas así'. En ese momento, me paro y trato de apartarme y le digo 'yo vine para que me pague, no para esto', y de ahí me fui. Hasta el día de hoy no pude cobrar nada".

Según abogados consultados por Infobae, Candela no tuvo en cuenta el abuso de poder que implicaría haberlo citado a su domicilio particular un fin de semana, para atender el reclamo de un pago relacionado con servicios a la intendencia. Tampoco que -según el relato de Suasnabar- el abordaje sexual no tuvo reciprocidad, y al no haber sido consentido, Melella no cumplió con la promesa de pago.

"El sindicado (por Melella) lo habría citado en su residencia y una vez ahí, Suasnabar se sentó en el sillón, momento en que le habría bajado el cierre del pantalón, extrayéndole el pene para practicarle una fellatio in ore, manifestando el declarante que le fue muy sorpresivo", escribió Candela como fiscal subrogante en su dictamen.

El abogado de los denunciantes rechazó esa interpretación y advirtió que "del testimonio de las víctimas, surge que el ataque sobre su integridad sexual fue sorpresivo, en solitario, que no lo consintieron y que buscaron apartarlo. Su relato jamás puede hacer creer a un fiscal –quien tiene la obligación de investigar- que haya existido algún tipo de consentimiento, pues su condición social es de ostensible vulnerabilidad. Los denunciantes no tuvieron libertad de elegir por estar coartados por sus necesidades económicas más elementales".

Para Giménez, "el dictamen de Candela es la demostración de una vergonzante concepción machista que impera en el sistema judicial fueguino, mediante la cual solo las personas de sexo femenino pueden ser víctimas de abuso sexual. El hombre no puede serlo porque siempre tendría la capacidad física de reaccionar, resistiendo al ataque sexual de otro hombre".

Suasnabar al finalizar su declaración, dejó en claro cómo interpretaba lo vivido y por qué se presentaba ante la Justicia: "Lo que me trajo hoy al Juzgado es que no quiero que vuelva a acontecer lo que hizo este señor Melella, que se aprovecha de nuestra necesidad. Se aprovecha porque es una persona que tiene poder, ofrece trabajo pero el hombre pide otra cosa".

Sin embargo, Candela descartó la posibilidad de "un abuso coactivo de una relación de dependencia, de autoridad o poder" por parte de Melella.

A pesar de que Suasnabar fue citado al departamento del intendente para cobrar lo que debía el Municipio, el fiscal consideró que "si hubo un móvil económico, en modo alguno puede considerarse esa circunstancia como para anular voluntades y considerar el suceso como un abuso sexual".

Según Giménez, "hay una cita parcial y arbitraria de los testimonios de las víctimas para tratar de justificar la desestimación de la denuncia, sin siquiera tomar una sola medida de prueba en el expediente, hecho que resulta inaudito con solo observar la conducta de este mismo fiscal en otros casos análogos o de menor entidad".

De hecho, en marzo pasado, el mismo Candela había impulsado la investigación contra un oficial inspector de la Policía Provincial -Julio César Rockenbach- a partir de la denuncia de una integrante de la misma fuerza de menor rango, por "acoso sexual" y "violencia de género". La mujer policía había denunciado que su superior la había invitado a "hacer cucharita en la cama", entre otras insinuaciones de índole sexual y de acoso verbal en forma reiterada. En este caso, Candela imputó a Rockenbach de abuso sexual simple en grado de tentativa.

Infobae intentó hablar con el fiscal Candela, pero éste no respondió los llamados.

El juez Sahade ahora debe resolver en los próximos días si acepta la desestimación por parte del fiscal Candela de estas dos denuncias. Por lo pronto, Giménez presentó un escrito el viernes para que tanto Suasnabar como Rivas sean aceptados también como querellantes.

El abogado también le adelantó a Infobae que pedirá al Consejo de la Magistratura que se lo juzgue por su conducta. En Tierra del Fuego, el Ministerio Público no es un poder independiente como a nivel federal, sino que depende de la estructura del Poder Judicial. "No vamos a tolerar que siga formando parte del Poder Judicial un fiscal que, sin tomar medida de prueba alguna y con una interpretación sesgada del derecho y de los hechos, beneficie con su accionar a un imputado por ser parte del poder político fueguino".

Dictamen opuesto

Si bien Mario decidió instar la acción penal mediante una presentación el 10 de septiembre, la misma fecha del dictamen de Candela, no fue aceptado como querellante hasta una semana después, cuando el juez Sahade le dio intervención al fiscal mayor Quadrini.

Tras una serie de idas y vueltas con el expediente, Quadrini elevó su requerimiento de instrucción el miércoles pasado. Fue luego de que pidiera la escisión de la denuncia por abuso sexual de la investigación por obra pública, a lo que Sahade no hizo lugar, y que Candela se inhibiera de intervenir – ya no como subrogante de la Fiscalía Mayor, si no como fiscal de instrucción- por estar involucrado un funcionario público. Estas discusiones procesales hicieron que el impulso a la investigación sobre el presunto acoso y abuso sexual recién se concretara un mes y medio después de las declaraciones de las presuntas víctimas.

Su dictamen no deja margen de dudas. En él pide que se investigue la denuncias contra el Intendente de Río Grande como "abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder". La interpretación de Quadrini sobre los hechos que contó en sede judicial Mario, es diametralmente diferente a la Candela. "Según su relato una vez ubicados en el ámbito del living, el imputado Melella arremete contra su humanidad y lo habría sometido a manoseos en su cuerpo y órgano masculino viril, obligándolo a ingresar a su dormitorio y cambio de brindarle fuente laboral en la Municipalidad a su cargo, lo habría obligado a materializar actos sexuales contra su voluntad frente al temor que -según su relato- implicaba negarse, dada su condición de Intendente y máxima autoridad de la ciudad", escribió Quadrini en su requerimiento.

También pidió, en sintonía con lo solicitado por el abogado del querellante, que "se soliciten informes a las compañías telefónicas a las que pertenecen los teléfonos de la víctima y el imputado, con la finalidad de comprobar si las comunicaciones están relacionadas con la investigación".

Ante de ocupar su cargo en la Fiscalía Mayor del Distrito Judicial Norte, Quadrini fue juez federal de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, e intervino en el caso del conflicto de la papelera Botnia.

Jueces y fiscales cuestionados

Infobae consultó a distintos abogados de Río Grande para conocer su visión sobre el Poder Judicial local y su posible accionar en relación a ese caso donde está involucrado el intendente.

"Hay un perímetro judicial alrededor del poder político. El Poder Judicial en Río Grande funciona como una corporación, con gerentes que responden a nichos de poder político y no quieren perder su alto nivel salarial y sus privilegios. Es muy difícil que quieran poner en juego su puesto y avanzar contra quien podría ser el futuro gobernador de la provincia. Hay excepciones, por supuesto, y existen funcionarios judiciales que honran con su trabajo diario el juramento que hicieron al momento de asumir. Pero en causas sensibles, se cuidan bien al poner su firma al pie de sus sentencias", sostiene Javier Da Fonseca, un abogado que es crítico de la forma en que en Río Grande se juzgan los delitos de índole sexual.

Da Fonseca defendió al cura Cristian Vázquez, que aguarda el juicio oral por violación de una adolescente. "Fue procesado a partir únicamente de su testimonio que lo incriminó, sin otra pruebas como las habría en la denuncia contra Melella", afirma. El abogado de la menor es paradójicamente Ibarra, actual defensor del intendente.

Según Giménez, ex Presidente del Colegio de Abogados de Río Grande y miembro de la Mesa Directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), "la Justicia de Río Grande ha violado su propio protocolo de protección a las víctimas y práctica forense en casos de abuso sexual. El tratamiento de las denuncias contra Melella es contrario a como siempre se han manejado las denuncias de este tipo en Río Grande, en las que solo alcanzó con el testimonio de la víctima para abrir la investigación".

Otro abogado de Río Grande que pide que no se publique su nombre, coincide: "En temas de abuso, se ha venido actuando bien y se ha llegado a juicio. Por eso llama la atención que el fiscal Candela ni siquiera haya abierto la investigación para que se determine si hubo un delito, y que el juez Sahade no le haya secuestrado en el momento los celulares a los denunciantes y al acusado. Si esto no hubiera salido a la luz pública, probablemente no se hubieran querido meter por tratarse del intendente".

Su colega Rafael Diez, quien también fue presidente del Colegio de Abogados local, advierte que "el Poder Judicial en esta ciudad hace la plancha o juega de acuerdo a su conveniencia. Por la repercusión que tuvo este caso, hoy la Justicia local está bajo la lupa y debería estar a la altura de las circunstancias. No puede hacerse la desentendida. Debe resolverlo en forma rápida y clara, dándole al acusado el derecho a que ejerza su defensa".