Ayer mientras el depuesto presidente del Puerto Roberto Murcia se quejaba de que no lo dejaban entrar a su despacho y que no tenía con quien discutir la intervención, Melella intentaba en los medios amigos negar la realidad.

En público el gobernador sostienen que “no existen fundamentos objetivos” y que la terminal portuaria “funciona con normalidad” pero en privado, la histeria la descarga contra sus funcionarios a quien le dio órdenes de “judicializar el tema”.

Lo cierto es que las consultas con la Justicia local están al orden del día a sabiendas de que es un tema que va a terminar en el fuero Federal, Melella busca entre sus “amigos” de la Justicia una señal para avanzar.

“Vamos a impugnar la Intervención” dijo Murcia. El gobierno habla de avasallamiento de la autonomía provincial,  pero no dice nada de los fundamentos de la resolución que sostiene la Intervención.

La intervención nacional no surge de la nada. Llega en un contexto de sospechas por presuntas irregularidades administrativas, financieras y operativas que el Gobierno de Tierra del Fuego nunca explicó con claridad. Durante meses, las denuncias fueron minimizadas, los pedidos de información pública dilatados y cualquier intento de control externo desestimado.

Melella no es una víctima, pese a que quiere presentarse como tal, el gobernador es el principal responsable de los desmanejos en el Puerto que terminaron con la intervención.

El informe que revela los hechos detectados por la auditoría nacional describe un puerto que operaba al borde de la catástrofe y no un puerto que “funcionaba”.

Mientras Melella habla de "estándares de excelencia", los buzos y técnicos de la Nación encontraron en el Sitio 3 una escena de pavura: pilotes inexistentes, colapsados o directamente cortados. A esto se suman grietas profundas en el muelle y en los sectores de contenedores que comprometen la carga máxima. Las defensas dinámicas, encargadas de absorber el impacto de los buques de 100.000 toneladas, son piezas de museo con la vida útil agotada, dejando al muelle desprotegido ante cualquier error de maniobra.

El software de gestión en el Puerto es calificado como "rudimentario", sin trazabilidad, sin ciberseguridad y sin protocolos modernos, el puerto operaba en una oscuridad tecnológica que solo beneficia el descontrol.

Pero es el desvío de $1.411 millones a la caja OSEF (Ley 1596) lo que termina poniendo en jaque la administración. Los auditores nacionales detectaron una desconexión absoluta entre el Debe y el Haber. No hay coincidencia entre los saldos bancarios y los fondos declarados, una "falta de integridad" que en cualquier empresa privada derivaría en denuncias penales inmediatas.

Se detectó que el 33% del presupuesto se diluía en subsidios y gastos corrientes, mientras que para obras fundamentales de mantenimiento solo se destinó el 1,3%, fueron los propios trabajadores portuarios quienes denunciaron que las oficinas de la Dirección de Puertos en Río Grande había incorporado más de 65 personas en una ciudad donde no hay puerto; evidenciando que el objetivo no es la logística, sino el refugio de punteros y ñoquis que pagamos entre todos.

Son estos desaguisados y otros más lo que llevaron a que la provincia pierda el manejo portuario, a decir verdad, la desidia del gobierno de Melella y de su vicegobernadora Mónica Urquiza, terminaron sirviéndole en bandeja de plata, el manejo del Puerto a la administración de Milei. No se trata de un atropello a la autonomía provincial, se trata de un hecho grave autoinfligido.