El actuar policial fue sobre un domicilio particular del casco viejo de la ciudad de Río Grande, orientado ello a partir de contarse con una dirección I.P. desde la cual se habría emitido este material de menores que no era de producción local.

Allí se incautó el equipo informático en cuestión y se notificó de derechos y garantías al titular del domicilio y la red I.P. más allá de que ya se habría determinado que el intercambio del material habría sido por parte de su hijo menor de edad, dado que el hombre por su actividad laboral no utilizaba ese equipo ni pasaba mucho tiempo en el domicilio.

De igual manera la jueza que interviene en la causa la jueza de instrucción 1 Dra. María Rosa Santana, dispuso el secreto de sumario sobre el caso.