El Gobierno defendió el aumento significativo de los fondos asignados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y lo calificó como una medida “prioritaria”. Conocé los últimos detalles.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, enfatizó en una conferencia de prensa la importancia de proteger a los argentinos y profesionalizar la SIDE, justificando así la asignación de $100 mil millones al organismo de inteligencia.

La decisión de triplicar los fondos destinados a la SIDE y destinar una partida en carácter reservado generó críticas. Sin embargo, Adorni respondió señalando que la seguridad nacional es de primer orden y que los fondos son esenciales para fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional.

“Proteger a los argentinos es de primer orden, hay que profesionalizar la SIDE”, sostuvo el portavoz.

Y agregó: “Tenemos prioridades en todos los ámbitos del Estado, son prioridad los más vulnerables, fue lo primero que atendimos, es prioridad la conformación de la SIDE, que esté a la altura de las circunstancias, de un país moderno”.

Aumento de fondos a la SIDE: los detalles del decreto presidencial

A través de un decreto firmado por Javier Milei, se oficializó la asignación de $100 mil millones adicionales al presupuesto general para la SIDE. La nueva estructura del organismo de inteligencia estará a cargo de Sergio Neiffert y contará con cuatro áreas de especialización.

El decreto establece que los fondos asignados a la SIDE serán de carácter reservado, lo que implica que el Poder Ejecutivo no estará obligado a proporcionar información detallada sobre el uso de estos recursos.

Reestructuración del área de inteligencia y recuperación del nombre SIDE

La reestructuración de la SIDE incluye la creación de cuatro áreas específicas: el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad de la Nación, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos.

Una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei será renombrar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como SIDE, recuperando la denominación que tuvo hasta 2015. Esta decisión marca un regreso a la estructura y nomenclatura previas a las modificaciones implementadas por la administración de Cristina Kirchner.