La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y se basa en los daños generados por los anegamientos prolongados, que afectaron cultivos, ganado e infraestructura rural en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires. La resolución lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, e incluye una prórroga del estado de emergencia hasta febrero de 2026.

Luis Caputo firmó la resolución que oficializa el auxilio al campo

La resolución 1974/2025, publicada por el Ministerio de Economía, valida dos decretos presentados por la administración bonaerense para prorrogar y ampliar la emergencia agropecuaria en zonas afectadas por inundaciones entre septiembre y noviembre. La medida alcanza a distritos como Bragado, Lincoln, Azul, Saladillo y 25 de Mayo, donde los efectos de las lluvias complicaron la producción y el acceso a los lotes.

“Las lluvias extraordinarias generaron anegamientos severos, impidiendo trabajar los campos y deteriorando caminos rurales”, señalaron desde el gobierno provincial. La medida permitirá a los productores acceder a beneficios impositivos, prórrogas fiscales y líneas de crédito especiales.

Según se detalló, el alcance temporal del auxilio irá desde el 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, tal como lo establece la Ley 26.509, que regula este tipo de emergencias.

La emergencia beneficia a más de diez partidos bonaerenses

Los productores que se encuentren dentro de las zonas declaradas deberán solicitar un certificado ante las autoridades provinciales para acceder a las herramientas fiscales y financieras. El listado completo incluye circunscripciones de Saladillo, Bolívar, Pila, General Belgrano y 25 de Mayo, entre otras.

La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA) fue la encargada de analizar el impacto junto con técnicos del INTA y el Servicio Meteorológico Nacional, quienes confirmaron las pérdidas sufridas en el sector.

En este contexto, el Gobierno también habilitó a la Secretaría de Agricultura a firmar convenios para implementar medidas de asistencia directa, algo clave para evitar un mayor deterioro económico en las zonas rurales.