De algo están seguro los máximos integrantes del Tribunal de Cuentas, es que nadie en la provincia le van a cuestionar la decisión de no publicar nada en el boletín oficial del organismo. Ni siquiera los Legisladores se atreverían a levantar un dedo. Pero la impunidad a flor de piel no es para toda la vida, entre muchos hay quienes se atreven a investigar.

Lo cierto es que el Tribunal de Cuentas no publica resoluciones desde hace más de 70 días. Lo que hace crecer las sospechas sobre qué actos administrativos ocultan.

El escándalo por la falta de transparencia en el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego suma tensión política y abre interrogantes cada vez más incómodos: ¿por qué el organismo encargado de controlar el uso de los fondos públicos dejó de publicar sus resoluciones? ¿Qué decisiones se están tomando sin que la sociedad pueda conocerlas?

Desde el pasado 4 de febrero de 2026, el organismo no difunde sus Resoluciones Plenarias, acumulando más de 70 días de silencio administrativo. Lejos de tratarse de una simple irregularidad técnica, fuentes cercanas indicaron que la situación habría sido denunciada ante la Fiscalía de Estado como una posible violación a la Constitución Provincial y a las leyes de acceso a la información pública.

El dato no pasa desapercibido en el plano político. El Tribunal de Cuentas es el órgano que debe auditar al poder de turno, revisar licitaciones, aprobar o rechazar gastos y detectar irregularidades. Sin embargo, hoy funciona bajo un manto de opacidad que genera sospechas: si no se publican los actos, no hay control, y sin control, el manejo de los recursos queda en la sombra. En este contexto, crece una pregunta central que atraviesa a la dirigencia y a la sociedad: ¿qué están escondiendo?

Durante este período sin publicaciones podrían haberse definido cuestiones clave para la administración provincial: aprobación de cuentas millonarias, observaciones a contrataciones, dictámenes sobre obras públicas o incluso sanciones a funcionarios. Pero nada de eso está disponible.

La denuncia en curso es advierte que esta conducta vulnera el artículo 46 de la Constitución Provincial —que garantiza el acceso a la información pública— y el artículo 8°, que obliga a la publicidad de los actos de gobierno. También se señala el incumplimiento de la Ley Provincial 653.

Sin embargo, más allá del plano legal, el impacto es netamente político. La falta de transparencia en el organismo de control genera un efecto directo: debilita la confianza pública y deja al descubierto una posible connivencia o, al menos, una preocupante falta de voluntad para rendir cuentas.

Algunas voces incluso van más allá y deslizan una hipótesis incómoda: que este “apagón informativo” no sería casual, sino funcional a evitar que se conozcan decisiones sensibles en un contexto económico y político complejo, cuando no el Tribunal de Cuentas jugando a la política.