La decisión del juez allana el envío a juicio oral en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez.

El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa del ex presidente Alberto Fernández y convalidó la investigación por denuncias de violencia de género de Fabiola Yañez. Con esa decisión, el expediente quedó a un paso de ir a juicio oral y entra en su etapa final.

La resolución y sus fundamentos

La defensa de Alberto Fernández buscó anular gran parte de las actuaciones alegando parcialidad del juez Julián Ercolini y pidió dejar sin efecto el procesamiento dictado en 2025 y las medidas como embargos. El fiscal Ramiro González ya había pedido el envío a juicio oral por delitos que incluyen lesiones y amenazas y sostuvo que “debe ser un remedio extremo”.

En el fallo, Rafecas sostuvo que el apartamiento de Ercolini no afectó la validez probatoria y recordó que instancias superiores avalaron las medidas. Según el juez: “El apartamiento (…) se produjo exclusivamente a los efectos de disipar temores de parcialidad” y anular lo actuado provocaría “un desgaste jurisdiccional innecesario”, advirtió.

La investigación describe un patrón sostenido de violencia psicológica —hostigamiento, control, insultos y destrato— y también hace mención a episodios de violencia física. El expediente abarca hechos desde 2016 hasta 2024, con episodios anteriores, durante y después de su mandato, y la Cámara Federal ratificó el procesamiento por daños en la salud de la denunciante.

Qué viene ahora

Con el rechazo a la nulidad, el expediente quedó apto para su elevación a tribunal oral, donde se debatirán las responsabilidades penales del expresidente. La calificación legal que pesa en la causa prevé penas que van de 3 a 18 años de prisión, según los delitos que prospere el tribunal en el juicio.

Los defensores de Alberto Fernández invocaron el principio del “fruto del árbol envenenado” para sostener que muchas pruebas estaban contaminadas por la actuación previa de Ercolini y pidieron dejar sin efecto el embargo y otras medidas dictadas en 2025. Rafecas, en cambio, rechazó esa hipótesis y priorizó la celeridad procesal y el interés de la denunciante.

El fiscal González había advertido que la nulidad “debe ser un remedio extremo” y apuntó que, por tratarse de una causa de violencia de género, no corresponde retrotraer actuaciones. Con el expediente en condiciones, los próximos pasos serán la elevación formal y la fijación de fecha para el juicio oral, donde se resolverá la responsabilidad penal.