Hace poco tiempo atrás, a comienzo del año a Jefe de Gabinete Jorge Canals se le pregunto por los anticipos que pedió Melella a Nación a modo de auxilios “La provincia atraviesa una crisis coyuntural… no es estructural estamos trabajando en eso (?)” dijo a modo de sortear la pregunta. La repuesta del Canals era una mentira a todas luces, sin embargo el funcionario intentaba esquivar a la realidad.

Con un presupuesto reconducido, un déficit creciente de más de 20 mil millones mensuales y un Estado paralizado, para el ministro Canals se trataba de un problema pasajero.

Pero como muchas cosas de la vida el tiempo las pone en su lugar. Para el jefe de Gabinete ese lugar fue la Legislatura provincial donde a la rastra tuvo que reconocer que la Caja de Jubilación donde deberían cobran los policías (Exterrirotiales) está fundida, al igual que la OSEF y la provincia. “No hay plata” dijo Canals al mejor estilo Milei.

El ministro tuvo que desnudar una realidad que conoce muy bien pero que venía ventilando con un “relato” falso, apoyado en cientos de millones de pesos para pauta publicitaria para los portales de amigos y propios.

Lo cierto es que la reunión entre legisladores provinciales, ex policías territoriales y los funcionarios de turno, dejó al descubierto la situación que atraviesa la provincia. Lo que debía ser un espacio de diálogo terminó exponiendo una crisis estructural que golpea de lleno al sistema previsional, sanitario y político.

Para colmo la presencia del Jefe de Gabinete Jorge Canals, lejos de llevar calma, confirmó el nivel de tensión y preocupación que crece en distintos sectores. No hubo anuncios concretos ni soluciones claras. Solo diagnósticos que, por su crudeza, generan más alarma que tranquilidad.

La legisladora Natalia Graciania fue directa y sin filtros: “La Caja Compensadora está fundida, la OSEF está fundida, la provincia está fundida”. Una frase que resume el clima del momento y que deja al descubierto un escenario crítico que ya no se puede maquillar.

Mientras tanto, los ex policías territoriales continúan reclamando respuestas por una situación que consideran injusta y postergada. No es solo una discusión técnica: es un conflicto que involucra derechos, reconocimiento y condiciones de vida.