La iniciativa, impulsada por sectores del PJ y con dictamen favorable en comisión, modifica radicalmente el esquema de envío de dinero. La nueva norma obliga al Poder Ejecutivo, a través del Banco de Tierra del Fuego (BTF), a transferir de manera automática y diaria los recursos correspondientes a la coparticipación federal de impuestos, las regalías hidrocarburíferas y los tributos provinciales.

El corazón de la ley es la inmediatez. A diferencia del sistema anterior, donde los fondos podían demorar semanas o meses, la normativa establece que las transferencias se realicen el mismo día en que la Provincia percibe los ingresos. El esquema incluye herramientas contundentes para garantizar su cumplimiento.

Transferencia directa y diaria: Los recursos se acreditarán automáticamente en las cuentas municipales.

Sanciones severas por mora: La falta de transferencia genera mora automática e intereses equivalentes a una vez y media la tasa de plazo fijo del BTF.

Multas a funcionarios: Se prevén multas personales, directas y diarias para los funcionarios provinciales responsables del incumplimiento, que pueden alcanzar el 5% de su remuneración mensual por cada día de demora.

Vía ejecutiva: Los municipios podrán iniciar juicios ejecutivos contra la Provincia utilizando un certificado de deuda emitido por sus autoridades contables.

Además, se crea una Comisión de Participación Municipal integrada por intendentes y el Ministerio de Finanzas, con funciones de control y resolución de conflictos. La ley también exige la publicación diaria de los montos transferidos a través de una plataforma web para garantizar la transparencia .

Porcentajes y distribución

La ley detalla cómo se reparte la "torta" coparticipable. En el caso de la coparticipación federal, el 26.6% se destina a los municipios; en concepto de regalías hidrocarburíferas, el porcentaje es del 21.6% ; mientras que en impuestos provinciales, los distritos recibirán el 46.6% de lo recaudado. La distribución secundaria entre las ciudades asigna un 12.2% a Ushuaia, otro 12.2% a Río Grande y un 2.2% a Tolhuin .

El contexto: una deuda de casi 12 mil millones

La aprobación de esta ley no surgió de la nada. Durante meses, los intendentes y concejales de los principales municipios denunciaron que la demora en los envíos estaba asfixiando las arcas comunales. Según declaraciones del Secretario de Gobierno de Ushuaia, al 31 de marzo la deuda del Gobierno provincial con la capital superaba los casi 12 mil millones de pesos .

A pesar del consenso general para avanzar con el "goteo", desde el oficialismo surgieron voces que llamaron a la cautela. El legislador Matías Lapadula (SF) advirtió que, si bien apoya la autonomía municipal y la transferencia automática, el esquema debe ser “razonable” para no comprometer el equilibrio financiero de la Provincia.

“Estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista económico y financiero, con una caída importantísima de la coparticipación federal en términos reales”, señaló Lapadula, enfatizando la necesidad de la palabra técnica del Ministerio de Economía para evitar poner “en riesgo el normal funcionamiento del Estado” .