Mientras el gobierno provincial de Gustavo Melella mantiene su foco puesto en impulsar una reforma constitucional, en las calles de Ushuaia la indignación crece por problemas que afectan la subsistencia diaria. Este martes, más de 300 vecinos de distintos barrios realizaron una asamblea abierta donde resolvieron declarar el estado de alerta y emergencia energética y social ante el aumento de costos y la reducción de subsidios al servicio de gas.

La decisión no es menor en una provincia donde la calefacción no es un lujo, sino una necesidad básica para atravesar el invierno. Familias enteras enfrentan ya dificultades económicas para pagar el gas natural y envasado, con la amenaza de que los meses más fríos agraven aún más la situación de adultos mayores, niños y hogares vulnerables.

Sin embargo, desde Casa de Gobierno, las respuestas concretas brillan por su ausencia. En lugar de abordar los múltiples reclamos sociales que atraviesan la provincia —desde la energía hasta el empleo y el costo de vida—, el mandatario provincial aparece enfrascado y encaprichado con llamar a elecciones para reformar la Carta Magna, una discusión que buena parte de la ciudadanía percibe como alejada de sus urgencias reales.

Los asambleístas no solo advirtieron sobre la incertidumbre tarifaria y el riesgo de profundización de la crisis social, sino que avanzaron en la conformación de mesas de trabajo y anunciaron movilizaciones hacia Casa de Gobierno. El reclamo es claro, se exigen garantías para el acceso a un recurso esencial y medidas urgentes, no especulaciones políticas.

Mientras Melella insiste en cambiar las reglas de juego institucional, los termómetros bajan y la paciencia de los vecinos se agota. La crisis energética ya es uno de los temas más sensibles de cara al invierno fueguino. El gobierno provincial deberá decidir si atiende la emergencia real o si seguirá apostando a una agenda electoral que, por ahora, solo profundiza el malestar social.