El exministro de Planificación recibió una pena de tres años de prisión en suspenso por irregularidades en la ampliación de gasoductos adjudicados a Odebrecht.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional en la causa que investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos a la constructora brasileña Odebrecht. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal N°2, que lo consideró partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

La decisión también alcanzó al exsecretario de Energía Daniel Omar Cameron, quien recibió una pena de tres años de prisión en suspenso, y al exsubsecretario de Combustibles Cristian Alberto Folgar, condenado a dos años y seis meses de prisión.

Cuáles son las irregularidades investigadas

La causa analizó el proceso de adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos operados por Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) durante los años 2006 y 2008. Según la investigación judicial, Odebrecht habría mantenido contactos con funcionarios de la Secretaría de Energía y de Cammesa incluso antes de que se abrieran formalmente algunos de los concursos para seleccionar a las empresas encargadas de los trabajos.

Durante el juicio, el fiscal Diego Luciani sostuvo que el caso representó un episodio de "gran corrupción" y afirmó que se montó una "compleja ingeniería burocrática" para beneficiar a la constructora brasileña. Según la acusación, existió una serie de maniobras administrativas destinadas a direccionar las contrataciones en favor de Odebrecht.

Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer por el tribunal el próximo 4 de septiembre.

La cuarta condena de Julio De Vido

Se trata de la cuarta condena que recibe De Vido. El exfuncionario se encuentra detenido desde noviembre pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena por la tragedia de Once, causa por la que cumple prisión.

En mayo de este año, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad. Actualmente, el exministro de 76 años cumple la condena en su vivienda ubicada en Puerto Panal, Zárate, tras haber dejado el complejo penitenciario de Ezeiza.

El Gobierno flexibiliza la importación de máquinas usadas: qué se podrá traer y a quiénes beneficia

El Decreto 483/2026 actualiza el régimen, reduce requisitos y agiliza trámites para la entrada de maquinaria usada y líneas de producción.

El Gobierno oficializó la reforma por medio del Decreto 483/2026 publicado en el Boletín Oficial, que actualiza el régimen creado en 2016 para permitir la entrada de equipamiento productivo. La medida busca atraer inversiones, modernizar plantas y mejorar la competitividad de la industria nacional mediante normas que alivian requisitos administrativos y vuelven más ágil la importación.

Para acceder al régimen las empresas deberán acreditar compras locales por al menos el 10% del valor FOB de la maquinaria usada importada y presentar un dictamen técnico elaborado por un organismo estatal, una universidad nacional o un ingeniero matriculado. Los proyectos deberán arrancar en un año, aunque se admitirán prórrogas justificadas.

Alcance y novedades

La reforma amplía el universo de bienes autorizados: ahora se aceptan líneas de producción que incluyan maquinaria usada, repuestos y accesorios indispensables. Se incorporan expresamente equipos para el tratamiento de contaminantes del aire, suelo o agua y sistemas automatizados de depósito, los llamados “almacenes inteligentes”, que combinan maquinaria, electrónica y software.

Cambian además los límites por antigüedad: los equipos usados podrán tener hasta 20 años de fabricación y, si fueron reconstruidos o actualizados, el tope se estira a 30 años. El Gobierno redujo la obligación de compras locales del 30% al 10% sobre el valor FOB de los bienes importados para acceder al beneficio.

La autoridad de aplicación quedó en manos de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, que operará junto con la Subsecretaría de Comercio Exterior y la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento para evaluar y autorizar proyectos y tendrá facultades para dictar normas complementarias y fijar requisitos.

Trámites y validación

El decreto fija plazos concretos para la administración y los solicitantes, incorpora la Constancia de Expediente en Trámite (CET) y prevé mecanismos automáticos frente a demoras. La presentación y gestión de instrumentos se hará por la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) y se validarán mediante el Sistema Informático Malvina (SIM).

El texto endurece sanciones: en caso de incumplimiento podrá ejecutarse la totalidad de las garantías y la autoridad podrá inhabilitar a la empresa para acceder al régimen durante tres años. También impone una multa adicional equivalente al 20% de los tributos omitidos, más intereses y cargos punitorios, y alcanza expedientes aún pendientes.