El fin de semana dejó una postal desoladora para los habitantes de Ushuaia: sectores enteros de la ciudad permanecieron hasta 16 horas sin suministro eléctrico, una situación que agravó la ya crítica fragilidad del sistema energético provincial. Pero este apagón no es un accidente aislado; es la consecuencia lógica de una estrategia de gestión que ha convertido la promesa de soberanía energética en una farsa burocrática.

La creación de Terra Ignis fue anunciada como el paso fundacional para que Tierra del Fuego controlara sus propios recursos hidrocarburíferos. Sin embargo, a poco más de un año de su puesta en marcha, la empresa estatal se ha transformado en una oficina fantasma que opera desde dependencias ajenas, sin instalaciones propias y con un balance que, en su primer ejercicio, arrojó pérdidas consolidadas por $237.000.000. Ese rojo contable no es el resultado de la inversión productiva, sino del "ajuste por inflación" de activos ociosos que certifica el abandono de proyectos estratégicos como el Polo Petroquímico o la planta de urea y amoníaco.

Mientras la empresa se desangra en el papel, la dirigencia política se aferra a los cargos. Maximiliano D’Alessio, presidente de Terra Ignis, acumula funciones en YPF, la Secretaría de Representación Oficial y el FAMP, con ingresos estimados entre 95 y 100 millones de pesos mensuales que provienen de su banca en la petrolera nacional. Esa designación, realizada al margen de la ley provincial y convalidada mediante un decreto retroactivo, es la muestra más clara de que el poder energético se ejerce como una moneda de cambio al servicio del oficialismo, no como una herramienta de desarrollo para los fueguinos.

La crisis no solo es financiera y política; es también social y ambiental. La decisión de triangular más de 2.200 millones de pesos para alquilar equipos a la empresa Sullair, evadiendo los controles de licitación, no solo fue una solución precaria que no resolvió el déficit de fondo, sino que además dejó un pasivo ecológico que hoy pesa sobre la provincia. A eso se suma el desmantelamiento productivo: la salida de YPF de áreas maduras como Los Chorrillos y Lago Fuego derivó en despidos masivos que dejaron a más de 500 familias de Río Grande en la incertidumbre, mientras la delegación de operaciones a privados sin cláusulas de contratación local subordina los recursos fueguinos a intereses foráneos.

Los cortes de luz del fin de semana son el síntoma más doloroso de esta decadencia anunciada. Una provincia que posee recursos energéticos no puede condenar a sus ciudadanos a la oscuridad mientras sus funcionarios cobran sueldos millonarios en Buenos Aires y los proyectos estructurales se archivan en balances inflados. Tierra del Fuego no necesita más "multifuncionarios" que gestionen el vacío; necesita una administración transparente que ponga la energía al servicio de su gente, y no de una élite corporativa que ha hecho del desmantelamiento su único plan de gobierno.

La soberanía no se declara en discursos ni se compra con decretos retroactivos. Se construye con obras, con empleo genuino y con la certeza de que, cuando un vecino enciende la luz, detrás de ese acto cotidiano hay una política pública que defiende su bienestar. Hoy, esa luz no llega. Y mientras siga apagada, la gestión que la debió encender solo tendrá oscuridad para mostrar.