El 27 de julio de 2026, la ciudad de Ushuaia fue testigo de un hecho histórico: el arribo del buque con 6.200 toneladas de equipamiento para la nueva usina termoeléctrica. Melella junto a sus funcionarios y medios afines describieron el momento como "épico" y celebraron la llegada de una inversión que, según prometen, garantizará energía para los próximos 30 años. Sin embargo, bajo el brillo de la celebración oficial se esconde una operación política y económica que merece un análisis más profundo y crítico.

La historia reciente de la Dirección Provincial de Energía (DPE) es el relato de un desguace sistemático. Durante los últimos seis años, la administración de Melella llevó la cuestión energética al límite, con cortes de luz de hasta 15 horas con temperaturas de 10 grados bajo cero que encendieron las alarmas entre los vecinos de Ushuaia. La desinversión y la falta de mantenimiento de la planta actual no fueron casualidades, sino una estrategia deliberada para generar el "clamor social" que justificara la llegada de una solución externa.

La secuencia es conocida: se desinvierte, se deteriora el servicio, se instala en los medios el relato de la crisis, y finalmente se presenta como salvadora una inversión privada que, en este caso, tiene un claro componente geopolítico. El gobierno ya no habla de "soberanía energética", ni critica las privatizaciones, ni menciona a los "vende patrias". Esos slogans vacíos de contenido que usó durante todo su tiempo político fueron borrados del lenguaje "nacional y popular". Hoy, los salvadores del desaguisado autoinfligido son los inversores chinos, constituidos en empresa y asociada a Terra Ignis.

Lo que está en juego no es solo la generación eléctrica de Ushuaia. La firma de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Terra Ignis y la empresa china Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A. abre la puerta a un escenario mucho más amplio. Los inversores chinos tienen la mira puesta en dos objetivos estratégicos, desplazar a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande de la generación en el norte de la provincia, replicando el modelo aplicado con la DPE en Ushuaia y controlar la explotación hidrocarburífera, desplazando a la pyme cordobesa Velitec de los pozos maduros que heredó tras la salida de YPF.

Esta última arista es particularmente reveladora. Velitec asumió la operación de las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego con un déficit mensual de 3,8 millones de dólares y un plan de reordenamiento que incluyó la rescisión de más de 110 contratos heredados. La empresa busca alcanzar el equilibrio financiero en los primeros cinco meses, pero su capacidad para sostener la operación a largo plazo genera serias dudas.

Lo que se vislumbra es una estrategia en dos tiempos: Velitec realiza el "trabajo sucio" de reestructuración y saneamiento de los pozos que YPF dejó en abandono, para luego dar paso a la inversión y tecnología china. Velitec, una empresa con serios problemas financieros que incluyen cheques sin fondos y deudas previsionales, no tiene la espalda ni la tecnología necesaria para sostener la producción de pozos maduros por mucho tiempo . La pregunta que surge es inevitable: ¿quién se beneficiará realmente de este proceso? Los funcionarios se muestran eufóricos, pero la cruda realidad de la empresa elegida como socio estratégico contrasta con la desmesurada alegría oficial .

Silencio cómplice y falta de transparencia

La dirigencia política fueguina ha respondido con un preocupante silencio. Los intendentes guardan un profundo silencio frente al tema, y los legisladores, inmersos en campaña electoral, solo se preocupan por su posicionamiento político. Incluso aquellos que dentro del parlamento provincial conocen de primera mano cómo se mueven los intereses chinos prefieren no hablar.

Mientras tanto, el gobierno provincial insiste en que esta inversión es una "solución histórica" para los problemas energéticos de Ushuaia. Pero la historia demuestra que cuando se entrega el control de sectores estratégicos a capitales extranjeros sin un debate profundo y transparente, el precio a pagar suele ser alto. Ya sea por la factura de los usuarios -que incluirá el repago de la inversión-, por la pérdida de soberanía energética o por el control de los recursos hidrocarburíferos, los fueguinos deberían estar atentos a lo que realmente se está gestando en la capital de la provincia.