Mientras Tierra del Fuego extrae millones de BTU de gas por día, más de 150 familias en Tolhuin enfrentan el invierno más crudo sin calefacción. La paradoja es tan brutal como el termómetro que marcó 18 grados bajo cero mientras Camuzzi Gas del Sur retiraba medidores sin contemplación. La pregunta que ningún funcionario parece querer responder es: ¿cómo se permite que una provincia esencialmente gasífera deje a su gente a la intemperie? En el gobierno de Melella y sobre todo en su ministro de energía el silencio es brutal.

La gestión  provincial ha demostrado, una vez más, una preocupante incapacidad para proteger a los ciudadanos más vulnerables. El fallido amparo colectivo que el propio gobernador impulsó y luego abandonó no es un mero traspié judicial, es el síntoma de una estrategia errática que prioriza la foto política sobre la acción sostenida . Como señaló el ex secretario de Energía provincial, Moisés Solorza, "no se siguió alimentando ese amparo", y la Cámara Federal de Comodoro terminó fallando a favor de la empresa, habilitando los cortes masivos.

El silencio oficial frente a la deuda de 50 millones de dólares que la provincia mantiene con la distribuidora agrava aún más el escenario. Mientras el gobierno provincial guarda silencio, el Municipio de Tolhuin —con recursos propios y partidas presupuestarias que ya no alcanzan— intenta contener una crisis que excede sus capacidades. La secretaria de Gobierno municipal, Ana Paula Cejas, fue clara: "Si esta situación persiste por mucho tiempo más no vamos a poder sostener esta inversión social porque las partidas presupuestarias no van a dar abasto".

El drama se profundiza porque, como advirtió la Defensoría Pública Federal, no estamos hablando de deudas impagas por capricho. Las familias afectadas incluyen adultos mayores, pacientes oncológicos, personas con discapacidad y menores con problemas respiratorios que ya no pueden asistir a la escuela por falta de calefacción. La empresa, por su parte, notifica los cortes por correo electrónico, ignorando que muchos vecinos no tienen siquiera acceso a internet, y su atención presencial se limita a un solo día por semana. Camuzzi por lejos es una empresa tan despiadada como desconectada socialmente, no invierte un solo centavo en las redes de suministro, todo lo hace financiado por los propios consumidores, Pero lo peor es que no le importa a quien vive dentro de un hogar que retira el medidor, le da lo mismo que hayan adultos mayoreso menores de edad, solo le interesa cobrar el gas consumido, el resto para Camuzzi es un problema del departamento social del gobierno de turno.

Además el contexto tarifario no hace más que empeorar la ecuación. Con aumentos del 860% en el gas desde la llegada de Milei al gobierno, la factura promedio se ha vuelto inalcanzable para familias cuyo ingreso ronda el millón de pesos. Restituir un medidor cuesta más de un millón de pesos, el equivalente a un sueldo familiar completo. Es un círculo vicioso diseñado para perpetuar la exclusión.

La provincia, que debería articular una respuesta integral, parece haberse lavado las manos. No hay un plan de contingencia, no hay una mesa de diálogo efectiva que siente a Camuzzi, no hay una estrategia judicial clara. Mientras tanto, la Defensoría Pública Federal avanza con oficios a la empresa y al ENARGAS, y evalúa una acción judicial colectiva que, una vez más, tendrá que suplir la inacción estatal.

Lo que ocurre en Tierra del Fuego no es solo una crisis energética: es un fracaso de la política. Es la constatación de que, en una provincia donde el gas brota de la tierra, hay familias que mueren de frío. Y eso, en cualquier gestión que se precie de tal, debería ser inaceptable.