El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego le otorgó la excarcelación a Carlos Córdoba, pero no lo declaró inocente. El gremialista sigue condenado en primera instancia a cinco años de prisión efectiva por 22 hechos de estafa en la adjudicación de viviendas del IPV en el barrio Barrancas del Río Pipo. La única razón de su libertad es que la sentencia no está firme y la Cámara aún debe revisarla. Si se confirma, volverá a la cárcel.

Sin embargo, mientras la Justicia define su futuro, el mismo día que salía del penal, Córdoba encabezaba la lista única para conducir nuevamente la CTA provincial y, de paso, candidatearse como titular al Congreso Nacional de la central obrera. Una contradicción tan grotesca como indignante.

El mensaje que el gremio le manda a los trabajadores

No se trata de un error ni de una casualidad. La Junta Electoral Nacional de la CTA admitió su postulación sin chistar, y en Tierra del Fuego no hubo lista opositora. Es decir, la conducción del gremio quedó en manos de un condenado por estafa sin que nadie pusiera el freno. ¿Qué clase de ejemplo es ese para los afiliados? ¿Acaso robarle las viviendas a familias humildes no es suficiente motivo para que un sindicalista quede al margen de toda representación?

Por más que la ley le permita ser candidato mientras la condena no sea firme, la ética sindical debería ser mucho más exigente que el Código Penal. Un dirigente que usó su influencia para defraudar a quienes más necesitaban una casa no puede, sin desprestigiar a toda la organización, sentarse a negociar salarios o condiciones laborales. Es una vergüenza que la CTA, que se jacta de ser "la central de los trabajadores", convalide semejante cinismo.

La excarcelación no es un perdón, es un trámite

Los magistrados del Superior Tribunal aplicaron criterios de la Corte Suprema: sin peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento, corresponde revisar la prisión preventiva. Pero que Córdoba esté libre no borra los hechos: entre 2013 y 2017, junto a su cómplice Miguel Arana, montó una red de cobros irregulares y maniobras defraudatorias con 128 viviendas sociales. Eso ya fue probado en juicio.

El fallo de primera instancia sigue en pie. Lo que cambió es el lugar donde Córdoba pasa las noches, no su condición de condenado. Y sin embargo, el gremio lo recibe como si fuera un héroe, lo postula y lo aplaude. ¿Acaso los afiliados saben que su futuro secretario general tiene una sentencia por estafa? ¿O prefieren mirar para otro lado con tal de mantener el poder?

Legalidad vs. legitimidad: la CTA elige mal

Jurídicamente, la candidatura es posible. Políticamente, es un desastre. Pero lo más grave es que la CTA ni siquiera se tomó el trabajo de impugnarlo o de generar una alternativa. La lista única no fue un acto de unidad, sino una declaración de complicidad con un dirigente manchado por la corrupción.

Los trabajadores de Tierra del Fuego merecen una conducción que defienda sus derechos con honestidad, no un puntero con antecedentes de estafa que usa el sindicato como trampolín para mantenerse en el poder. Este episodio deja al desnudo la crisis de valores de una central que predica justicia social pero premia a quien estafó a los más vulnerables.

Córdoba seguirá libre mientras dure el recurso, pero su condena no es papel mojado. Y si la Cámara confirma la sentencia, el gremio tendrá que explicar por qué eligió a un delincuente para manejar los destinos de la organización.