El conflicto docente en Tierra del Fuego se profundiza y se ramifica. El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena, fue denunciado penalmente ante la Justicia provincial por el bloqueo de la Avenida San Martín en el centro de Ushuaia, en el marco del acampe que el gremio mantiene frente a Casa de Gobierno desde principios de agosto. La presentación fue realizada por Luis Ángel Santacruz, presidente del Partido Federal, y quedó registrada bajo el N.º 581 en el Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur.

El denunciante sostiene que la interrupción de una de las principales arterias comerciales de la ciudad podría encuadrarse en el artículo 194 del Código Penal, que sanciona el entorpecimiento de la circulación terrestre, y solicitó una medida cautelar urgente. La denuncia no implica culpabilidad, sino que abre una investigación para determinar si la modalidad de protesta excedió los límites legales.

Pero el malestar no se limita al ámbito judicial. Comerciantes de la zona céntrica manifestaron en los últimos días un creciente descontento por la prolongación del acampe, que afecta directamente el acceso a sus locales y redujo drásticamente la afluencia de público en plena temporada baja. Varios de ellos han elevado quejas informales al municipio y a la provincia, advirtiendo que la situación se está volviendo insostenible para sus negocios.

En el plano gremial, el panorama no muestra señales de distensión. El SUTEF rechazó la última propuesta económica presentada por el gobernador Gustavo Melella, que incluía un incremento salarial escalonado, por considerarla insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo acumulada. El gremio ratificó el paro por tiempo indeterminado y mantiene su postura de no levantar la medida hasta obtener una oferta que considere satisfactoria.

Como consecuencia directa, miles de estudiantes de todos los niveles de la provincia continúan sin clases desde el regreso del receso invernal. Las familias afectadas también comenzaron a expresar su preocupación por la pérdida de días de clase y la incertidumbre sobre el calendario escolar, aunque hasta el momento no han organizado manifestaciones con la misma visibilidad que el reclamo gremial.

De este modo, el conflicto docente ya no es solo una negociación paritaria entre dos partes, sino un problema que envuelve a la Justicia, al comercio minorista y a la comunidad educativa en su conjunto. La denuncia penal contra Catena agrega una arista judicial que podría definir el rumbo de la protesta, mientras el rechazo a la oferta de Melella y la continuidad del paro mantienen en vilo a la provincia, sin una solución a la vista y con el año escolar seriamente comprometido.