No hay dudas de que la presentación del pedido de juicio político contra el juez Ernesto Löffler parte de una orden del propio Gustavo Melella. Tras el resultado electoral adverso de las elecciones de medio término que hicieron naufragar el proyecto de re-elección, el gobernador Melella entendió que su tiempo político habían fracasado, sobre todo por no convocar a constituyente durante el año 2024. Ese año el llamado a se topó con un freno en el Superior Tribunal de Justicia que duró poco antes de las elecciones pasadas.

El resultado lapidario de las elecciones contra las pretensiones del gobierno, sumado a una crisis existencial que tiene al Estado paralizado, sin salud, sin educación y con conflictos en todos los sectores públicos y privados crean un escenario difícil de incrustar el proyecto de la re elección de Melella.

Un poco de Historia

Cuando estalló el escándalo por los abusos sexuales a los albañiles, Melella recurrió en ese entonces a sus “enemigos” para que lo salvaran, una maniobra burda a cielo abierto del polémico Juez Raúl Sahade, terminó frezando la causa contra Melella y el Mopof se quedó con la mitad de su gobierno provincial y su ascendencia en el Poder Judicial.

Ahora la historia se dio vuelta. El Legislador “Loli” Löffler habla peste del gobernador Melella (nada que no se supiera de antes) el gobernador le respondió echando a sus laderos del gobierno como el caso del presidente del IPRA hace unas semanas atrás.

Melella había logrado “comprar” la Legislatura anterior a la composición actual, solo 24 horas antes de irse a sus casas, entre peronistas como Myriam Martínez  y radicales converso como Federico Sciurano, eran reelecto por el partido de Mellela es decir el FORJA, nunca militaron en esa estructura partidaria, pero era la forma de ser reelecto a cambio de  levantar la mano, lo hicieron frente a la sociedad y nadie dijo nada, ahora están sentado con una mirada crítica del gobierno en una de las peores legislatura que reconozca la corta historia fueguina.

La estrategia del gobierno en el uso de los tiempos político, tenía al año pasado (2024) como el año de la asamblea constituyente, pero su llamado a elecciones se vio frustrado con la presentación judicial del Legislador Jorge Lechman, esa denuncia entro en los vericuetos del Superior Tribunal y cayó en el despacho del Juez Löffler, allí durmió el sueño de los justos, cuestión que puso de los pelos a Melella. Luego sobrevino la elección de medio tiempo y su resultado catastrófico para el gobierno y el peronismo en general, allí el proyecto de relección del gobierno comenzó a naufragar.

La oposición del Mopof al proyecto de la reelección de Melella fue un punto de inflexión para el gobierno, de allí surge la nueva estrategia política, ser “víctima del poder judicial” la misma estrategia que lo llevo a gobernador; Para eso, se necesita exponer frente a la sociedad las “diferencias” con el Poder Judicial y que mejor que hacerlo con un Jury de enjuiciamiento  contra el Juez, que en la memoria colectiva, se lo percibe como el mentor que le salvo la ropa a Melella de las graves acusaciones sexuales y le permitió ponerse el traje de gobernador.

El sueño de los Justos y el Superior Tribunal

Las recientes declaraciones del abogado Francisco “Paco” Giménez revela que la causa contra Melella por abuso sexual lleva cajoneada 7 años en los vericuetos del Superior Tribunal.

Para Francisco “Paco” Giménez, el pedido de juicio político contra el juez Ernesto Löffler  promovido  por el Gobierno muestra la “doble vara” sobre el particular, mientras la causa por abuso sexual que involucra al gobernador Gustavo Melella lleva paralizada más de siete años, mientras que por el proyecto de  reforma constitucional que busca la reelección de Melella, se quiere “ajusticiar” a un Juez por su demora.

“Paco” Giménez señaló que el jury carece de fundamentos constitucionales y responde a una maniobra política de disciplinamiento, afirmando que si la causal es una demora en fallar, se “deberían juzgar a los cinco jueces y no elegir a uno”.

En este sentido el letrado denunció que la causa contra Melella está frenada “por decisión política” pese a tener toda la prueba presentada.

Advirtió que la Justicia fueguina está “en estado terminal”, criticó el silencio de la Asociación de Magistrados y remarcó que las víctimas “fueron abandonadas”. Concluyó que el intento de remover a Löffler expone un grave deterioro institucional y un uso político de los mecanismos constitucionales. Mb.-