
Procesando. Por favor aguarde...
Jair Bolsonaro intentó romper la tobillera electrónica: la fuerte medida del Supremo Tribunal Federal
El expresidente Jair Bolsonaro fue arrestado este sábado en Brasilia y dejó el régimen de prisión domiciliaria para quedar bajo detención preventiva, tras una orden del Supremo Tribunal Federal (STF) cumplida por la Policía Federal en las primeras horas del día. Los agentes ingresaron a su vivienda y lo llevaron a una sede policial, en el marco de la causa por la que en septiembre recibió una condena de 27 años de cárcel, acusación que lo responsabiliza de intentar frenar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva después de las elecciones de 2022.
La medida fue ordenada por el ministro Alexandre de Moraes, quien señaló un riesgo de fuga luego de que se detectara una violación en el sistema de monitoreo electrónico que llevaba Bolsonaro. Según el magistrado, el Centro de Integración de Monitoreo del Distrito Federal informó que la tobillera electrónica fue vulnerada a las 00:08 del 22 de noviembre, lo que evidenciaría la intención del exmandatario de romper el dispositivo para facilitar una posible huida.
Moraes agregó que ese intento habría sido favorecido por la confusión generada en una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos.
Bolsonaro se encontraba bajo arresto domiciliario desde agosto, controlado electrónicamente, luego de incumplir medidas cautelares. La detención preventiva, aclaró el tribunal, no implica todavía la ejecución de la condena dictada por la Primera Sala del STF por intentar “perpetuarse” en el poder con apoyo de exministros y militares.
La resolución llegó apenas un día después de que su defensa solicitara que pudiera cumplir la pena en su casa por motivos de salud, aludiendo a secuelas de la puñalada sufrida en 2018, múltiples cirugías, episodios de reflujo, hipo persistente, falta de aire, desmayos y un reciente diagnóstico de cáncer de piel, cuyas lesiones ya fueron removidas. Los abogados advirtieron que modificar el régimen de detención representaría un “riesgo de vida”.
La Policía Federal confirmó la ejecución de la orden judicial sin mencionar nombres, mientras que la defensa adelantó que presentará nuevos recursos antes de que venza el plazo para apelar la condena.
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