Lo más sano y honesto en este caso en particular hubiese sido que el Intendente Gustavo Melella guarde silencio o en todo caso lo correcto hubiese sido que les pida a sus socios políticos del PSP y del Mopof que salga a explicar en los medios, sus posturas cuando fueron gobierno.

Ni una cosa, ni la otra sucedió. Melella protegió a Fabiana Ríos y actuó en modo campaña, sin importarle la verdad de los hechos. El intendente vio la oportunidad de criticar y llevar agua a su molino. Lamentable para un dirigente que pretende gobernar nuestra provincia.

La realidad es que el PSP de Fabiana Ríos, mientras fue gobierno decidió no apelar el fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia, hecho por el cual quedo firme en su manda y obligo a la Legislatura provincial a cumplir con el mismo.

Sin mencionar las verdaderas razones que llevaron a esta entrega de tierras, Melella prefirió cargar las tintas contra el bloque del FpV, “La verdad que es un día triste para Tierra del Fuego. El oficialismo provincial en la Legislatura nuevamente legisló a espalda de los fueguinos” y advirtió que “en esto está en juego un recurso muy valioso”.

“Hacer lugar a la pretensión de adquisición del dominio de 10 mil hectáreas de tierras dentro de la reserva Corazón de la Isla a un privado, bajo el pretexto de regularización de antiguas ocupaciones, es inexplicable”, insistió Melella en modo campaña..
Sin mencionarlos a sus socios políticos del PSP y tratando de desviar la explicación correcta por la cual se llega a esta sesión legislativa, Melella dijo que  “es realmente lamentable esta decisión de entregar un recurso natural y un espacio que justamente está en un área protegida a un privado, quitando a los fueguinos el derecho sobre un lugar que pertenece a todos”. Dijo Melella cargado contra el gobierno a sabiendas que las responsabilidad recae sobre las espaldas de sus socios políticos el PSP de Fabiana Ríos.

EL PSP responsable de la entrega

En medio de la polémica fue el propio Legislador Pablo Blanco que pese a votar en contra de la manda judicial dijo que “El PSP deberían tener la decencia de no emitir opinión, porque son los responsables de lo que ha sucedido”.

El legislador de la UCR-Cambiemos cargó contra las opiniones del PSP en las redes sociales por la cesión de estas tierras, recordando que “cuando el gobierno de Ríos tenía que apelar la decisión del Superior Tribunal a la Corte Suprema, dijo que no, lo guardaron en un cajón y dejaron pasar el tiempo. Ahora por lo menos deberían tener la decencia de no emitir opinión, porque son los responsables de lo que ha sucedido” dijo el Legislador.

Una historia que se remonta a hace 92 años 

El legislador del FpV Federico Bilota fue el encargado de detallar todo el recorrido del reclamo de la familia Bridge que se cerró ayer con la aprobación de la cesión en venta de 10 mil hectáreas del corazón de la isla. Aseguró que desde 1927 se viene planteando la regularización, y mencionó decretos del gobierno de Estabillo, pasando por la gestión Manfredotti, hasta llegar a Fabiana Ríos que, en 2014, decidió no interponer un recurso extraordinario federal por consejo del Fiscal de Estado. Ante una sentencia que quedó firme, explicó que Bertone debió obedecer la manda judicial, y el oficialismo ratificó la postura en la sesión especial.

Los antecedentes

“No es que la gobernadora se levantó a la mañana a ver a quién le podía adjudicar 10 mil hectáreas. Desde 1927 hay reclamos administrativos respecto de esta regularización dominial”, detalló Bilota.

“En 1971 ya se habían adjudicado las tierras por decreto nacional. En 1997 se presentó la señora Antunovic, en la gestión del MPF, con la mensura para escriturar, porque ya tenía el decreto de adjudicación. El MPF, que hoy se rasga las vestiduras diciendo que van a expropiar, fue el que dictó el decreto en el ’99, adjudicando 3.400 hectáreas. Ese decreto después fue rechazado por la Legislatura en la gestión del gobernador Manfredotti, porque era inviable lo que había hecho el gobierno de Estabillo. En el 2000 la señora hace un reclamo administrativo que termina en 2008 con un decreto de la ex gobernadora Ríos que rechaza la adjudicación. No le reconoció el derecho de antigua ocupación, por lo cual la señora presentó una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia. Desde 2008 a 2014 el Superior Tribunal estuvo resolviendo esta cuestión y dictó sentencia en 2014”, dijo.
Recordó que “el marco legal de áreas protegidas es la ley 272. En ese marco se dictó en 2000 la ley 494, que crea la reserva corazón de la isla, que está en el centro de la isla grande de Tierra del Fuego. Esta ley clasifica la reserva como área de aptitud productiva controlada técnicamente por el estado”, remarcó.
“La reserva corazón de la isla son aproximadamente 100 mil hectáreas, y se estableció la posibilidad de que haya actividad productiva, que podría realizar el estado o el privado. La justicia reconoce el derecho de antigua ocupación, pero con la restricción que establece la ley de protección del medio ambiente. La reserva corazón de la isla nunca se derogó y sigue vigente, con toda la protección que tiene que tener del estado”, aseguró el legislador.
La familia dice que va a utilizar la tierra para pastoreo de los animales que tiene, y esto podrá hacerlo “siempre y cuando se encuadre en el plan de manejo del estado fueguino sobre áreas protegidas. De lo contrario, no lo podrá hacer”, advirtió. 
“Por más que sean propietarios de la tierra, no pueden hacer lo que quieran. El propietario de un terreno para una casa familiar no puede hacer un edificio de 50 pisos, porque hay un código de planeamiento urbano. Eso es exactamente lo que pasa acá y lo que dice el fallo del Superior Tribunal de Justicia: la reserva no se toca y sigue estando. Este sector era propiedad del estado fueguino y ahora pasa a ser propiedad privada por el reconocimiento de antigua ocupación de un particular, pero no hay libre disponibilidad de las 10 mil hectáreas”, aseveró.
“Algunos dirigentes políticos se rasgan las vestiduras por Twitter, pero este fallo fue dictado en 2014, durante el gobierno de Fabiana Ríos. Se lo notificó al Fiscal de Estado, como representante de los intereses de Tierra del Fuego, y el Fiscal informó y asesoró a la gobernadora para que no interpusiera un recurso extraordinario federal. La secretaría legal y técnica de ese entonces compartió el criterio del Fiscal de Estado y le recomendó a la gobernadora que no interpusiera el recurso. La gobernadora Ríos no interpuso el recurso y ahí se terminó la cuestión judicial”, sostuvo.
“Esto no nació en la gestión de Rosana Bertone, nació en el año 1927. Todas las gestiones anteriores tuvieron incidencia respecto de este tema, menos la actual gestión”, enfatizó Bilota.
“Lo único que hizo esta gestión fue dictar el decreto luego de recibir la intimación judicial, porque en la gestión anterior dejaron vencer los plazos para presentar el recurso extraordinario federal, y entonces la señora Antunovic pidió la ejecución de sentencia, porque Fabiana Ríos no firmaba el decreto”, explicó.
“El Superior Tribunal de Justicia dijo que le asistía la razón a la señora y ordenó al Poder Ejecutivo dictar el acto administrativo correspondiente. La gobernadora cumplió con esa manda, resguardando la seguridad jurídica y respetando el estado de derecho, y nosotros ratificamos la posición de la gobernadora, en función de esta intimación de la justicia”, dijo de la votación de ayer.
“Es cierto que no vino el secretario de ambiente a las comisiones, pero tampoco si venía iba a cambiar la posición de rechazo que tenía la oposición. Ahora el secretario de ambiente tendrá que venir a explicar cómo va a ser la fiscalización y el plan de manejo”, planteó. 
Respecto del valor de la tierra involucrada en esta cesión, aclaró que lo desconoce porque “no está especificado el monto en este primer decreto. Tampoco creo que sea a valor fiscal y eso lo va a determinar seguramente un segundo decreto, luego de una evaluación de AREF, y tendrá un precio de venta que deberá ser pagado, obviamente”, concluyó