El proyecto fue acompañado por los senadores Laura Rodríguez Machado; Juan Carlos Marino; Claudio Poggi; Stella Maris Olalla; Víctor Zimmernann; Mario Fiad; Silvia del Rosario Giacoppo; María Belén Tapia y Alfredo de Angeli.

Blanco, solicita información sobre las estadísticas de los delitos; si el Ministerio de Seguridad da continuidad y mantiene el funcionamiento del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y los Procesos de Evaluación de la Calidad Estadística del SNIC previstos en el Plan de Trabajo 2019-2022 oportunamente presentado por la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito; los procesos para garantizar el acceso público a dicha información a través de la página web oficial que el gobierno ha implementado; qué previsiones de actualización tiene el Ministerio de Seguridad para la actualización de la información prevista en la Ley 25.266, que a la fecha sólo alcanza el año 2018 y que previsiones tiene el Ministerio de Seguridad para la realización de la Encuesta de Victimización, prevista en el Sistema Nacional de Seguridad.

“La falta de actualización y acceso a las estadísticas criminales actualizadas atentan contra la confianza en el gobierno, generan sospechas de ocultamiento y afectan la imagen de nuestro país”, señaló Blanco.

“Si el mito de la “sensación de inseguridad” es cierto, y se lo considera un efecto negativo para el bien público, entonces la mejor manera de combatirlo es brindando acceso a la información pública y no descargando críticas veladas sobre los medios de comunicación. Una vez más el kirchnerismo se la agarra con los medios en vez de hacer algo para modificar la realidad, en este caso, el aumento de la inseguridad”.

El Senador manifestó que “Las declaraciones de la ministra, además, han sido desmentidas por el propio Señor Jefe de Gabinete de Ministros quien afirmó que ‘evidentemente hay más casos’ de inseguridad en relación al inicio de la pandemia. Sería de desear que este tipo de disonancias se terminen y que las estadísticas criminales fueran actualizadas de manera oficial como corresponde y que sigan siendo públicas como es debido. Estas diferencias de opinión quedarían totalmente saldadas si el gobierno publicara datos confiables”.

“Mientras los mismos no existan, todo queda en la esfera de la opinión. Y cuando las opiniones son tan divergentes en el propio seno de un gobierno, los ciudadanos quedan presa de la confusión y la indeseada “sensación de inseguridad” inevitablemente aumenta. La Argentina necesita datos duros y confiables. Los mismos son importantes tanto para planificar el abordaje de políticas criminales como para medir su éxito”, finalizó Blanco.