Río Grande.- La legisladora justicialista Myriam Martínez planteó por FM Master’s la necesidad de poner fin al acuerdo entre UOM y AFARTE que mantiene a cientos de trabajadores en la incertidumbre, con la modalidad de PPD, o prestación discontinua. Dijo que son 700 en toda la provincia y que los sucesivos gobiernos han estado atados de manos, al tratarse de “un acuerdo de partes”. Cargó contra la responsabilidad que le cabe fundamentalmente al sindicato metalúrgico al haber dado su aval, dado que es el único que puede denunciarlo.

En principio se refirió a la reunión de la comisión de seguimiento de la industria realizada el jueves pasado, con la presencia del presidente de AFARTE y los secretarios generales de la UOM Río Grande, UOM Ushuaia, y ASIMRA. “Cada uno de ellos planteó la situación que vienen atravesando y todos los actores coincidieron en la importancia de la ampliación del subrégimen industrial. No hubo coincidencia con las decisiones políticas sanitarias que se venían llevando adelante para proteger al trabajador. En esto puso una voz el secretario general de ASIMRA, Javier Escobar, quien había reclamado en varias oportunidades al Ministerio de Salud de la provincia poder tener reuniones y no exponer a los trabajadores. Reclamó también conformar una mesa industrial, donde puedan sentarse a debatir estos temas. Me pareció muy importante el planteo de Escobar, porque es un tema que viene hablando no solamente con AFARTE sino también en la ciudad de Río Grande”, dijo.

“Además se habló del tema de Ambassador y estuvieron los trabajadores, posteriormente tuvieron una reunión con el gobernador Gustavo Melella y también expusieron el problema que atraviesan. Otro tema que vengo hablando hace muchísimos años y se trató en la reunión, es la estabilidad laboral de los trabajadores PPD. En estos momentos, de acuerdo a los datos que se brindaron en la comisión, tenemos 450 PPD en Río Grande y 250 en Ushuaia, es decir que hay un total de 700 PPD en la provincia. De acuerdo a lo que informaron, en el mes de octubre estarían pasando el 50% a planta permanente y a fin de año estaría la totalidad de esos trabajadores de forma efectiva. Lo que no dijeron es que esta modalidad contractual, que solamente tenemos en la provincia, va a continuar. No dijeron si va a finalizar, porque tenemos que sumar los contratos que vienen desde el año 2010 de manera discontinua. Tenemos contratos de tres meses, de una semana, y está todo sumado. No solamente hay que resolver la situación de los PPD, que dicen que van a normalizar, sino también la de muchos trabajadores con la modalidad de contrato a plazo fijo, que hace más de diez años que no tienen un trabajo efectivo”, reclamó.

Prórroga con condiciones

Para la legisladora, la posibilidad de prorrogar el subrégimen da el marco adecuado para que este tipo de contrataciones por fuera de la ley lleguen a su fin. “Para mí está mal este tipo de contrato. Tanto estos contratos como los PPD existen por un acuerdo que se realizó con el sindicato de la UOM y AFARTE, y fue homologado por el Ministerio de Trabajo de Nación. Así como nosotros necesitamos previsibilidad y poder tener el subrégimen muchos años más, para que puedan venir a invertir a la provincia, los trabajadores también necesitan tener una previsibilidad en su vida, y tener un trabajo efectivo para poder desarrollarse y proyectarse. Hoy son trabajadores eventuales que no pueden acceder a muchísimos beneficios que tienen los que cuentan con un trabajo efectivo. El trabajo efectivo es un requisito fundamental para poder acceder a un crédito, para obtener una vivienda, para tener un auto, para comprarse un terreno. La mayoría de los trabajadores no cuentan con recursos para adquirir un auto o una vivienda, o para comprarse un terreno, y para poder vivir tranquilos, sabiendo que al otro día no hay certeza de si tienen trabajo”, sostuvo.

“No creo que sea complicado resolver esta situación, porque en 2015 la provincia tenía 11 mil trabajadores y en la actualidad quedan 6 mil en toda la provincia, contando todas las actividades de la industria. Es impresionante la cantidad que ha perdido su puesto de trabajo. No se puede proyectar absolutamente nada si existe este tipo de acuerdos. Cuando hablamos del trabajo, hablamos de la dignidad de las personas. En mi caso hace 40 años que vivo en la provincia, fui trabajadora metalúrgica seis años y sé perfectamente de lo que hablo y lo que significa tener la efectividad”, subrayó.

“Cuando se toman estas decisiones, es fundamental que no se corran de la ley, porque estos acuerdos que se hicieron oportunamente perjudicaron a los trabajadores. Ante la necesidad desesperada de tener un trabajo muchas veces se callan la boca, y no pueden reclamar porque saben que después no los llaman o no les renuevan el contrato”, advirtió.

Agregó que “el PPD, por tener este acuerdo que prevé la contratación de cuatro meses en el año, es considerado trabajador activo. Están registrados en ANSES y, al estar registrados, no pudieron cobrar el IFE, ni hablar del seguro de desempleo, y tampoco pueden ir a buscar otro trabajo porque están activos. Si ellos van a trabajar en forma registrada a otro lugar pierden ese derecho. Hace muchos años vienen con esta modalidad y siempre tienen la esperanza de poder lograr la efectividad”.

“Por eso es importante que en el momento en que se arribe a la decisión de prorrogar el subrégimen, estas cuestiones estén especificadas para que no se aprovechen de los trabajadores, porque esto es una avivada”, disparó, recordando que “la ley de contrato de trabajo tiene especificado el contrato a plazo fijo, pero esta modalidad de PPD no está dentro de la ley, es un acuerdo”.

Un viejo reclamo

Asimismo, la legisladora Martínez recordó que este reclamo lo viene haciendo desde el inicio, cuando se arribó a este acuerdo, y no es una inquietud que surja ahora. “Este acuerdo se hizo entre la UOM y AFARTE y fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero no coincido con esto ahora y tampoco estuve de acuerdo diez años atrás, porque conozco Río Grande y lo que pasa en mi ciudad. La verdad no sabemos por qué el Ministerio homologó este acuerdo y tendrían que preguntárselo a las autoridades nacionales del momento, al sindicato o a AFARTE. Esa respuesta yo no la puedo dar, pero es una barbaridad lo que hicieron y lo que siguen haciendo. Es el único lugar del país donde existe esta modalidad de contrato, y no es una solución sino un problema. Ellos disfrazan esto como una solución, pero no lo es. Después no se hacen cargo de lo que está pasando con los trabajadores”, cuestionó.

Gobernadores atados

Respecto de los resortes del gobierno para intervenir, aseguró que no existen. “Este problema lo tuvo el gobierno de Fabiana Ríos, el gobierno de Rosana Bertone y ahora el de Gustavo Melella. Más allá de que este acuerdo se realiza en el ámbito nacional, termina recayendo en la provincia. El congelamiento de los sueldos por dos años también fue un acuerdo que se realizó entre el sindicato, AFARTE y el gobierno nacional. Después nos quisieron hacer cargo a nosotros de ese congelamiento”, manifestó.

“Ahora la UOM acordó una suma fija de 6 mil pesos por mes, sin aumento, cuando hubo aumentos en otros gremios. Es una barbaridad. Este tema lo viene exponiendo el secretario general de ASIMRA Javier Escobar. Es una historia de nunca acabar y, de acuerdo al gobierno que nos toca, tenemos a todos los trabajadores en la calle, como nos pasó con el gobierno de Macri, y esto nos pasó porque no tienen estabilidad. Es más fácil desvincular a los contratados y a los PPD que a aquellos que tienen su efectividad. No le sale lo mismo a una empresa dejar en la calle a un contratado o un PPD, con este acuerdo que hizo la UOM con AFARTE, que despedir a un efectivo”, enfatizó.

“Si al llegar el gobierno de Macri hubiéramos tenido a todos los trabajadores efectivos, la historia hubiera sido completamente distinta. Este es un acuerdo de partes y se puede desarmar –aseguró-. Evidentemente hay intereses y beneficia a las dos partes, a AFARTE y al sindicato. Yo vengo hablando de este tema desde hace años, no cuando las papas queman, y por eso tengo la moral de hablarlo. Cuando nadie quería hablar de los trabajadores de la electrónica, ni del sindicato, ni de AFARTE, yo lo dije porque esto iba a traer complicaciones a futuro si no los dejaban con la efectividad. Tengo amigos y familia en la ciudad de Río Grande que trabaja hace muchísimos años en estas empresas. Esto es una cuestión humanitaria y tengo la moral para poder hablarlo. Más allá de la buena voluntad política que pudo haber tenido Ríos, Bertone y que puede tener el gobernador Melella, no lo vamos a solucionar nosotros porque es un acuerdo de partes. Hasta que una de las partes no lo deje sin efecto, no va a dejar de existir. Esto se puede llevar adelante con un sindicato serio que defienda a los trabajadores. Es la única manera”, sentenció.

“Mañana puede haber otro tipo de acuerdos por fuera de la ley, que sean aceptados para solucionar una determinada situación laboral. Muchos tiran la piedra y esconden la mano. ASIMRA es un sindicato que no tiene firmado este acuerdo porque no aceptó esta modalidad, por eso también puede salir a hablar y exponer la situación de los trabajadores como lo hace hoy. Sé que cuando hablo de este tema hay muchos enojados, pero los trabajadores que me escuchan saben de lo que estoy hablando y esa es la única tranquilidad que tengo”, expresó.

Los testeos de Mirgor

Por otra parte fue crítica de la actitud de la empresa Mirgor, que expuso a los trabajadores y a la comunidad de Río Grande. Cabe recordar que IATEC, integrante del grupo MIRGOR, convocó en la tarde del domingo a todo su personal, a la misma hora y en el mismo lugar, con la intención de realizar testeos antes del reinicio de las actividades. La convocatoria provocó la  aglomeración de una gran cantidad de operarios dentro de la planta, y no se respetaron las normas de distanciamiento social preventivo y obligatorio. La policía debió intervenir por orden del gobierno provincial, para proceder al desalojo de todos los trabajadores, amontonados tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones.

“Es muy preocupante cómo expuso a los trabajadores la empresa Mirgor, con la desesperación para que comiencen a trabajar, y se detectaron casos positivos en los testeos que hicieron”, aseguró la legisladora.

“Javier Escobar nos contaba que como sindicato desconocen cuáles son las medidas y qué cantidad de contagiados tienen las empresas. No tienen conocimiento, por eso reclamaban la conformación  de una mesa industrial para poder debatir estos temas y que desde ese lugar se tomen las decisiones, porque afecta directamente a la salud de los trabajadores. Espero que se solucione esto de una vez por todas y se deje de abusar de los trabajadores, como lo está haciendo la empresa Mirgor. Ojalá tomen conciencia y entiendan que estamos en emergencia y que esta pandemia es mundial. Ya llevamos 21 muertos en nuestra ciudad y es gravísimo lo que está pasando”, alertó.

Reunión con Castiglione

La legisladora informó además que está previsto un encuentro este miércoles con personal y responsables de Ambassador, al que está invitada la ministra de Producción Sonia Castiglione, por lo que se abordará la prórroga del subrégimen.

“La ampliación del subrégimen no la decidimos nunca en la provincia. Es un tema que lo decide el presidente de la nación, el proyecto lo lleva su ministro de Industria o de Producción. Una vez que esté escrito seguramente podremos tener acceso a ese documento. Es muy importante que quede claro que desde la Legislatura no podemos tener una injerencia directa en esta decisión. La prórroga no es una decisión que pase por la provincia, sino que la toma el gobierno nacional. Sabemos el rol que tenemos como provincia y el compromiso de Alberto Fernández de prorrogar el subrégimen. Sabemos que lo vamos a obtener porque es un compromiso que él asumió, pero como legisladores no tenemos injerencia y esa es la realidad”, reiteró.

“En años atrás se habían realizado algunas reuniones con senadores y diputados nacionales, con AFARTE y el gobierno de la provincia, pero no vamos a tener injerencia para poder hacer absolutamente nada. Para el miércoles está convocada una reunión en la Legislatura para tratar el tema de Ambassador. Va a estar la ministra Castiglione, los trabajadores, el apoderado de la empresa, para que nos cuenten la decisión a la que han arribado, porque sabemos que han tenido un arreglo con la empresa BGH para poder producir. Lo que nos importa es saber hasta cuándo van a tener trabajo, porque estamos hablando de 57 trabajadores”, recordó.

“Vamos a aprovechar la oportunidad para preguntarle a la ministra sobre la fábrica Textil Río Grande, porque tomamos conocimiento por los medios de que va a continuar produciendo y queremos saber las condiciones. No sabemos por qué decidió quedarse la empresa, porque no creo que lo haya decidido porque los trabajadores son buenos. Seguramente le debe convenir a la fábrica continuar produciendo en la provincia y por eso queremos saber cuáles son las condiciones y por cuánto tiempo. Muchos trabajadores se quedaron sin empleo, porque están desvinculados, y hay otra parte que continuó con la lucha para que la empresa no cerrara las puertas”, dijo.

“Vamos a aprovechar que viene la ministra para preguntarle cuál es el avance que tienen con el gobierno nacional en el tema de la prórroga, cómo han sido las reuniones, con quiénes se han reunido. Pude leer en uno de los medios que ellos elevaron el decreto y no sé de qué hablan, porque el decreto lo hace el presidente. No sé qué elevaron en febrero al gobierno nacional y voy a tener la oportunidad de preguntarle sobre estas reuniones y cuál es el marco, porque tenemos que dar vuelta a la página y comenzar a pensar en los trabajadores de las empresas, para que tengan mayores garantías”, concluyó.