El nuevo proyecto de ordenamiento territorial de bosques que el Gobierno Provincial envío a la Legislatura para su aprobación, fue repudiado por la Comunidad Indígena Rafaela Ishton.  “Afecta el uso de los bosques de nuestra propiedad para los próximos años sin que se nos haya consultado previamente ni solicitado nuestro consentimiento”, advirtieron.

Explicaron que el OTBN (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) establece categorías de conservación a las áreas boscosas de la provincia, de acuerdo al uso que se le dará durante los próximos 5 años. Una comisión integrada por científicos, ONG e incluso por los estancieros nucleados en la Asociación Rural de Tierra del Fuego, fue consultada para elaborar el nuevo ordenamiento, pero la Comunidad Indígena Rafaela Ishton, que es titular registral de 36.000 hectáreas, de las cuales 23 mil están cubiertas por bosques prácticamente vírgenes, ni siquiera fue informada. “Jamás se nos dio participación en este proyecto para defender nuestros derechos”, remarcaron.

“La mayor parte de las áreas rojas, fueron demarcadas dentro de nuestro territorio comunitario. Esto significa que, sin nuestro consentimiento, la provincia dispuso qué áreas de los bosques nativos de nuestra propiedad, podremos usar y cuáles no. Pero lo que nadie dice, es que la ley de bosques contempla un régimen de compensación a los dueños de bosques nativos de muy alto valor de conservación (rojos) por los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad”, subrayaron.

“Como siempre, la Secretaria de Ambiente que es la que recibe y administra los fondos de la Ley de Bosques que llegan desde Nación de manera muy poco transparente, se las ha arreglado para que en el nuevo ordenamiento, nuestra territorio comunitario quede dentro de una nebulosa porque no está claro en qué grupo de dominio está incluido (si son tierras privadas o tierras fiscales) y eso permitirá que los servicios ambientales que nos corresponde cobrar por aportar la mayor parte de zonas rojas al ordenamiento provincial, la provincia pueda cobrarlos y repartir ese dinero a su antojo, como lo hace actualmente”, señalaron.

Según indicaron desde la Comunidad Indígena Rafaela Ishton, “un dato no menor, es que, por cada hectárea de bosque rojo, la Nación paga a la provincia entre 1000 y 6000 dólares en concepto de servicios ambientales de los cuales el 70% le corresponde a los dueños de los bosques y el 30% queda para la provincia para invertir en la aplicación de la Ley de Bosques.

Indicaron que la Comunidad Indígena Rafaela Ishton es la propietaria de la mayor parte de los bosques rojos de la provincia, sin embargo nunca cobró un peso en concepto de servicios ambientales. “Si hubiéramos podido hacerlo, ya podríamos haber instalado los servicios básicos como la luz, el gas, y podríamos haber alambrado todo nuestro territorio comunitario para protegerlo de quienes permanentemente intentan sacar provecho de él”, enfatizaron.

La Comunidad Indígena Rafaela Ishton denunció esta situación ante la Defensoría del Pueblo de la Nación y en el Ministerio Público de la Defensa de Ushuaia.

No obstante esperan que antes de que se expida la justicia, “el Gobernador Gustavo Melella y la Legislatura Provincial modifiquen este proyecto que viola la Constitución Nacional y las leyes indígenas que nos amparan incorporando a los pueblos originarios, quienes deben tener voz y voto en la mesa de consulta en forma permanente”.

“La comunidad Rafaela Ishton no tiene técnicos forestales propios, pero tiene derecho a estar informada y contratar con el dinero de la ley de bosques, un técnico para que nos asesore si el estado no nos ayuda como ocurrió en este caso”, mencionaron.

Por último, aclararon que “las tierras de la Comunidad Indígena Rafaela Ishton, no son tierras fiscales ni tierras privadas. Son territorio comunitario indígena y tienen un ordenamiento jurídico propio que la provincia y la nación deben respetar a rajatabla. Y los bosques que están dentro de nuestro territorio, pertenecen a nuestra comunidad y nadie, ni la provincia, ni la Municipalidad de Tolhuin, ni ninguna ONG ni los estancieros tienen derecho a quedarse con nuestros recursos, y mucho menos, sin nuestro conocimiento ni consentimiento”.