Río Grande.- El Dr. Federico Rauch, abogado del foro de Ushuaia, fue consultado por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre el impacto de la segmentación energética en la provincia y ante todo aclaró que “la segmentación no tiene nada que ver con la 19.640 y las normas que aplican son la ley de zona fría. Una cosa es lo que puede intentar hacer el gobierno nacional y el provincial, y otra es informar cuáles son las normas legales vigente que el gobierno debería cumplir, respetando la institucionalidad”.

“En el caso de Tierra del Fuego y otras provincias, rige una ley nacional que está vigente hasta el 2031, que es la ley de zona fría. En los decretos reglamentarios de esa ley se sectoriza el llamado subsidio, que en mi opinión no es tal porque los propios consumidores crean un fondo y de allí se saca dinero para pagar la parte de la factura que aparece como subsidio del Estado nacional, que en realidad sale de los bolsillos de los consumidores. Ese descuento no tiene que ver con la segmentación”, aseguró.

“Hay decretos del Poder Ejecutivo para Capital Federal, el primero y segundo cordón, concretamente para Edenor y Edesur -para electricidad- y Metrogas, que establecen subsidios a las distribuidoras y se compensa una parte de la factura de los consumidores residenciales. Lo mismo pasa con la ley de zona fría, que solamente aplica a consumos residenciales, no comerciales. La segmentación está orientada a esos aportes que hace el Poder Ejecutivo, y por eso hay tanta diferencia de tarifas en esta zona con el resto de las provincias”, expuso.

“Las demás provincias tienen un régimen distinto. Si es servicio de gas, está controlado por el ENARGAS, que es un ente nacional que fija el cuadro tarifario. El servicio de electricidad no tiene un control centralizado, sino que se rige por las autoridades de aplicación de cada provincia. En Tierra del Fuego el gobernador aplica a través de decretos tarifarios el valor del servicio. Hay plata que saca el Estado nacional del IVA y de los impuestos nacionales, que representa una suma importante, y la destina a pagar entre el 50 y 60% del servicio de gas y electricidad que se consume en la Capital Federal y en el cono suburbano de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que el Estado nacional va a dejar de pagar a partir de agosto”, subrayó.

“Los usuarios de Metrogas, Edenor y Edesur, son los afectados por el decreto del Poder Ejecutivo. Esto no tiene nada que ver con el régimen tarifario de los fueguinos y no nos atañe, porque no se saca ni se pone nada. La persona que es usuaria de Camuzzi, de la Cooperativa Eléctrica o de la DPE, no tiene ninguna necesidad de llenar el formulario de registro, porque no se va a modificar lo que paga”, aseveró el letrado.

“Si toman una factura de Camuzzi, van a encontrar un ítem que dice ‘subsidio zona fría’, y es el único descuento que tiene el fueguino que usa gas, y va a seguir estando, porque está fijado por ley. La factura no va a cambiar para el residencial. Es otro tema si el gobierno decide hacer una modificación de la tarifa como ocurrió en la gestión Macri, y no tiene nada que ver con la segmentación”, manifestó.

“La Cooperativa y la DPE se rigen por un cuadro tarifario provincial, y en la factura no aparece ningún subsidio, es decir que no pueden sacar nada porque no están aportando nada”, apuntó.

“Se ha dicho a todo el país que era necesario llenar el formulario ante el temor de perder el subsidio pero no es así, y no se entiende bien por qué no se aclaró que no era necesario llenar el formulario”, dijo.

El fin: la recopilación de datos

Consultado sobre la razón de pedir datos cuando no era necesario, particularmente de ingresos de cada ciudadano o grupo familiar, para definir en qué segmento se lo incluye, lo atribuyó al intento de acceder a información protegida por secreto bancario, entre otras.

“Esto no se dijo porque a mi entender el gobierno, en una actitud completamente antidemocrática, vigilante, buchona, delatora, busca tener una base de datos y poder cruzar los datos que ya tiene. En el formulario dice que es necesario renunciar expresamente a cualquier derecho relacionado con el secreto fiscal o bancario que pudiera tener la persona para efectuar esa declaración. Eso significa que quien lo llena, autoriza al Estado nacional a poder hacer cruzamientos y usar todas las bases de datos del Estado nacional y provincial. De esa forma es posible hacer un montón de cosas con la gente que legalmente hoy no se podrían hacer”, alertó.

“Hay información que recopilaron del censo, pero está discutida porque afortunadamente los argentinos no somos tontos y no es muy exacto. Hubo una gran cantidad de personas que han falseado datos en la declaración y eso se debe a la desconfianza que tenemos los argentinos de la clase política que gobierna, y es fundada por cómo está el país”, señaló.

La crisis argentina

Con respecto a la situación del país, analizó que “no hay caja y es consecuencia de gastar más de lo que se gana. Primero nos sacan plata con impuestos, pero eso no alcanza porque se la roban, se va por un tubo y no se sabe muy bien adónde va. En impuestos sólo el agro este año ingresó más de 20 mil millones de dólares, y nadie sabe dónde está esa plata. Los de afuera están cansados de que los políticos argentinos vivan incumpliendo sus obligaciones y ya no prestan más, tampoco pueden conseguir más plata de impuestos porque ya están ahogando a los argentinos, entre regulaciones, tasas, peajes, porque no solamente hay impuestos sino otras trabas a las actividades. Hoy un argentino no puede hacer ninguna actividad para ganarse el pan sin llenar miles de formularios, de regulaciones nacionales, provinciales y municipales. Ya no saben de dónde rascar de la olla y tampoco consiguen quién les preste porque no les creen, entonces se van a la Casa de la Moneda e imprimen papelitos llamados pesos”, planteó.

Recordó que “con la ayuda de siete u ocho bancos, a una tasa importante, se generó una pelota que se llama Leliq. Hoy más o menos son 1.800 billones, es una cifra equivalente al total de los pesos que hay circulando, y esa plata hay que renovarla cada 30 días. Los bancos que son parte de este asunto se dieron cuenta de que es probable que también caigan ellos, porque no es plata de los bancos sino de sus depositantes, lo que está en las cajas de ahorro, cuentas corrientes, menos el encaje, y con eso se presta. Como en el sector privado nadie está dispuesto a pagar la tasa que paga el Banco Central, los bancos le prestan con un pagaré a 30 días, eso se llama Leliq, a una tasa que en el sector privado nadie puede pagar. Esto en algún momento se va a cortar y evidentemente va a haber una situación sumamente delicada”, avizoró.

“En este gobierno cada uno hace la suya y se manejan con cajas independientes. Aerolíneas Argentinas le pide al Estado nacional 400 millones por mes y se los dan, lo mismo ocurre con muchas empresas públicas, ministerios, secretarías, y cada uno tiene una cajita que hay que llenar”, indicó, con lo cual ve difícil que se puedan aplicar las medidas anunciadas por Batakis.

Particularmente sobre la unificación de cuentas, diferenció la creación del FUCO en la gestión Manfredotti, que “logró sacar por ley. Esta es una mera instrucción de una Ministra de Economía que está agarrada con hilitos y tiene un poder político cero, así que quiero ver cómo funciona eso”.

“Los gobernadores no quieren que les toquen las cajas, los ATN, la obra pública, las licitaciones en curso y todas las empresas amigas asociadas a estas licitaciones”, observó, luego de la tensa reunión del presidente con los gobernadores.

“Ayer Batakis pidió permiso a los que realmente mandan para ver qué se puede hacer. Se habló de pedir un préstamo puente de 60 días hasta que pase la tormenta, pero nada de eso va a pasar, porque la gente de afuera es codiciosa pero no es tonta. Nadie tiene la bola de cristal, pero por lo que me cuentan los pajaritos de Maduro, Batakis vuelve muy disciplinada. Es una persona que no tiene ningún tipo de antecedentes y es una perfecta desconocida en el FMI y entre los acreedores a los que les debemos plata. Se vencen todos los plazos y no puede pagar, y es muy difícil creer que se puede obtener algo. No obstante, el último interesado en que la Argentina desbarranque es el gobierno de Estados Unidos, porque Argentina sigue siendo un país relevante por la extensión territorial que tiene, por los recursos que tiene y por los jugadores que hay en la región. No hay que olvidar que China mira todo esto con mucha atención y ya tiene un montón de huevos puestos en Latinoamérica. El segundo que no quiere que el país no desbarranque es Brasil, porque tiene una necesidad geopolítica indispensable de que su hermana menor no se vaya a la banquina, porque puede afectarlo severamente. Brasil no se puede despegar de la crisis argentina y va a recibir directamente el impacto. Otros interesados en que esto no ocurra son nuestras queridas automotrices del Mercosur, que son las mismas que se apropiaron de los beneficios fiscales de todos los autos que se vendieron en Tierra del Fuego a partir del 2001. Esas automotrices tienen un plexo normativo que implica que no hay fronteras para ellas entre Argentina y Brasil. Si la Argentina se descompensa, también se pone en juego la situación de este sector. Hay muchos interesados de peso, con poder real, para que el país no desbarranque, pero no significa que no vaya a ocurrir”, concluyó.