Río Grande.- Las asignaciones familiares que perciben los trabajadores patagónicos, no son un privilegio o un beneficio extraordinario, son un derecho adquirido que tiene como base fundamental el mayor costo que implica residir en esta zona austral y muchas veces postergada de la Patria.

Somos conscientes de la dura realidad económica que vive nuestro País, compartimos la visión de futuro con el Gobierno nacional. Entendemos la necesidad de sanear las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal para crear las condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo de nuestro País.

Pero estamos convencidos, que este objetivo, no puede lograrse con medidas inequitativas que recaen sobre los sectores más vulnerables, y sin contemplar el desigual desarrollo geográfico de nuestro país.

La medida apunta a igualar el beneficio entre todos los trabajadores, pero eso no puede hacerse a expensas de los trabajadores patagónicos.

La medida no solo es injusta sino que además provocará un impacto negativo en el consumo y el nivel de actividad regional.

Por todo ello instamos al Gobierno nacional a revisar y dejar sin efecto lo resuelto.