La implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires fue postergada para completar las condiciones técnicas y operativas necesarias, según dispuso el Ministerio de Justicia.

Postergan la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno Nacional decidió aplazar hasta el 10 de noviembre la entrada en vigencia del nuevo sistema acusatorio en la justicia federal porteña.

La medida, oficializada a través del decreto 530/2025 publicado en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, responde a la solicitud de la Procuración General de la Nación, encabezada interinamente por Eduardo Casal.

El organismo advirtió que aún no se reúnen los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimos indispensables para su puesta en marcha.

Si bien el Ejecutivo considera que las condiciones están dadas para la aplicación inmediata, optó por diferir la implementación “por única vez y con carácter excepcional e improrrogable” para evitar un conflicto institucional que pudiera afectar el servicio de justicia. El plazo adicional se destinará a intensificar las actividades preparatorias y concluir gestiones extraordinarias junto a los demás actores del sistema judicial.

El nuevo sistema busca agilizar los procesos y garantizar una justicia más eficiente

El Ministerio de Justicia reafirmó su compromiso de concretar la reforma procesal penal federal en todo el territorio nacional, asegurando que el tiempo extra permitirá coordinar de manera más eficiente los recursos humanos, técnicos y financieros involucrados.

Según explicó Cúneo Libarona, el nuevo Código Procesal Penal Federal establece que toda causa será recibida por el Ministerio Público Fiscal, que evaluará si corresponde investigarla, principio de oportunidad, y podrá optar por mecanismos como juicio abreviado, probation o reparación.

Este esquema acusatorio implica que un fiscal llevará adelante la investigación, la defensa actuará en consecuencia y un juez imparcial intervendrá solo en las funciones jurisdiccionales esenciales.

Para el ministro, la reforma reducirá los plazos de los procesos judiciales, evitando perjuicios tanto para las víctimas como para los imputados y la sociedad en general, al impedir la prolongación indebida de las causas.