La jueza Loretta Preska, del tribunal del distrito sur de Nueva York, define cómo debe pagar la Argentina los US$16.000 millones por la mala forma en que el estado se quedó con el 51% de las acciones de YPF. Más un agregado de intereses de dos millones de dólares desde que dispuso que la Argentina pague efectivamente. Eso puede elevar la cifra - al día de hoy - a casi 18.000 millones de dólares.

Para el país se abren tres posibles alternativas, según lo que decida la jueza neoyorquina:

Pago directo de la indemnización: Argentina fue condenada a pagar cerca de US$16.099 millones en total -incluidos daños e intereses acumulados- a los fondos Petersen Energía y Eton Park, cuyos derechos adquirió Burford Capital.

Transferencia de acciones como parte de pago: la jueza Preska ordenó que Argentina entregue su participación mayoritaria del 51% en YPF a través del Bank of New York Mellon, en un plazo de 14 días, como cumplimiento parcial de la sentencia.

Presentación de activos como garantía: alternativamente, la jueza permitió que Argentina oficie otros activos -como parte de su participación accionaria o créditos a cobrar- como garantía para evitar embargos, en lugar de depositar la totalidad del monto exigido .

La tercera alternativa es la que espera el gobierno argentino. Ya declaró en varias oportunidades que no piensa entregar el control de la compañía petrolera. Por lo tanto, las dos alternativas primeras, serían rechazadas.

Si la jueza Preska se inclina por una de ellas y el país no cumple, quedaría automáticamente en desacato. Con sanciones que pueden ir tanto al país como a los funcionarios nacionales.

YPF: Advertencia y apelación de la Argentina

El gobierno dejó en claro que no va a entregar las acciones de YPF. La empresa petrolera seguirá con el control del 51% de las acciones por parte del Estado Argentino. Al mismo tiempo que tiene apelaciones presentadas en este tema, hizo una aclaración importante para que tenga presente la jueza Loretta Preska. Una ley del Congreso impide que el estado nacional vuelva a desprenderse de esas acciones que recuperó en 2012.

Es por eso que le ha pedido a la jueza del distrito sur de Nueva York, otra manera para resarcir a los accionistas que - por medio de un fondo de inversiones, el Fondo Burford- litigó contra el país y ganó el pleito. Aunque ese planteo, para la jueza puede resultar irrelevante. Si una ley del Congreso dispuso esa taxativa prohibición de venta, otra ley, del mismo Congreso argentino, puede modificar esa situación, para poder cumplir con su fallo.

De una manera u otra, el país, si no encuentra una ventana abierta en la disposición que adopte Preska, puede caer en el desacato. Y esto puede tener consecuencias múltiples para el país y para los funcionarios nacionales.

El fantasma del "desacato"

Si el Estado Argentino no acepta lo que diga la jueza (cómo pagar los US$ 16.000 millones más los intereses generados), Loretta Preska está habilitada para declarar al país en desacato ante un tribunal de Nueva York. Esto tendría como efecto inmediato que deberá informarle al Departamento de Justicia - en manos del "halcón" de Trump, Pam Bondi - ese estatus complejo para el país.

De manera que se podrían correr estos riesgos.

1. Embargos de activos argentinos en el exterior

Preska podría autorizar a los demandantes (Burford Capital) a embargar bienes de la República Argentina fuera del país, siempre que sean activos no protegidos por inmunidad soberana.

Esto podría incluir:

Cuentas bancarias oficiales en bancos extranjeros.

Aviones oficiales que no estén protegidos por inmunidad diplomática.

Cargos de ingresos por exportaciones o regalías.

Participaciones societarias en empresas radicadas fuera de Argentina.

2. Pérdida de acceso y credibilidad en mercados financieros

El desacato judicial sería una señal negativa para inversores y acreedores. Argentina podría enfrentar:

Mayor riesgo país y tasas más altas para endeudarse.

Dificultades para emitir deuda o refinanciar compromisos.

Deterioro en su calificación crediticia.

3. Sanciones judiciales y multas adicionales

El tribunal puede imponer multas por cada día de incumplimiento, lo que aumentaría el monto adeudado. En casos extremos, incluso podría imponer órdenes de arresto contra funcionarios si viajan a Estados Unidos.

4. Aislamiento en litigios internacionales

El desacato complicaría la posición argentina en otros arbitrajes y juicios, ya que se mostraría como un país que no acata fallos judiciales firmes. Esto podría ser usado como antecedente en foros como el CIADI o tribunales europeos.

Todas estas situaciones pondrían en una posición difícil al gobierno libertario que depende de su relación con el FMI y con el presidente Donald Trump, para la evolución del dólar, la macroeconomía del país y especialmente, poder regresar al sistema financiero internacional. Además del delicado momento que aún se mantiene con las reservas del BCRA y que el Fondo Monetario Internacional volvió a recalcar al momento de aprobar la revisión de las "Facilidades Extendidas" y liberar otro préstamo de 2.000 millones de dólares.