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Argentina retira su candidatura de D.H de la ONU

El Gobierno decidió que la Argentina retirara su candidatura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Argentina retira su candidatura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por primera vez en la historia

Amnistía Internacional advirtió que la decisión del gobierno de Javier Milei de retirar la candidatura al Consejo de Derechos Humanos de la ONU debilita la histórica trayectoria de Argentina y limita su influencia internacional en la materia.

 

El Gobierno Nacional retiró a la Argentina del Consejo de DD.HH. de la ONU

 

Amnistía Internacional lamentó la decisión del Gobierno argentino de no presentar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, integrado por 47 Estados y encargado de promover y proteger los derechos humanos en el mundo.

 

La organización advirtió que el retiro “debilita la trayectoria histórica de Argentina en la materia y envía un mensaje preocupante sobre la voluntad del Gobierno de sostener compromisos con los derechos humanos de su población y del mundo”.

 

La participación argentina en este organismo había sido un símbolo de integración internacional y defensa del multilateralismo. El país no solo fue miembro fundador, sino que también impulsó resoluciones sobre diversidad, justicia climática y respaldó misiones de verificación en contextos críticos como Venezuela y Myanmar.

 

Esta decisión de la Argentina pierde influencia en un foro clave

El retiro de la candidatura implica que el país deje de tener poder de decisión en un ámbito donde se examinan violaciones de derechos humanos, se crean misiones de investigación y se realizan revisiones periódicas de cada Estado. Aunque Argentina continuará obligada a cumplir con los mecanismos internacionales y podrá participar como observador, ya no tendrá capacidad de voto ni de presentar resoluciones.

 

Organismos internacionales advierten que la ausencia argentina en el CDH significa renunciar a influir en normas y políticas globales en esta materia. La decisión del Gobierno de Javier Milei se interpreta como un retroceso en el compromiso internacional y se suma a tensiones crecientes entre la política nacional y los estándares internacionales en derechos fundamentales.


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