Luego de semanas de tensión legislativa y presión social, el Ejecutivo nacional promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que declara la urgencia del sector hasta diciembre de 2026. Sin embargo, la puesta en marcha fue postergada hasta que el Congreso determine cómo se financiarán los gastos que la medida implica. Según estimaciones oficiales, el impacto fiscal sería de más del 0,35 % del PBI.

La decisión generó nuevas críticas y dejó a la ley sin aplicación inmediata, a pesar de haber sido ratificada por ambas cámaras.

El Gobierno oficializó la Ley pero advirtió sobre su inviabilidad fiscal

La Ley 27.793 fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025, luego de que el Congreso rechazara el veto de Javier Milei y ratificara el texto original. No obstante, el Gobierno decidió suspender su ejecución amparándose en la falta de presupuesto. De acuerdo a los cálculos oficiales, su implementación total implicaría un gasto superior a los $3 billones de pesos, entre pensiones, cobertura médica y compensaciones a prestadores.