Cargos perpetuos, sueldos obscenos y gestión teñidas de escándalos, estas son las tres cualidades que distinguen al organismo provincias cuyo principal objetivo es asegurar la transparencia en la administración de los fondos públicos, mediante la revisión de cuentas y la fiscalización de la gestión.

Un vocal del tribunal de cuentas tiene su tiempo de permanencia asegurado por Ley, solo la Legislatura provincia con mayoría agravada puede removerlo, tiene un sueldo equivalente a los miembros del Superior Tribunal, en la actualidad embolsa un poco más de 17 millones de pesos, más todos los privilegios de pertenecer a la casta de los “intocables” . Pero más allá de estas prebendas de orígenes venturosos, está el accionar del Tribunal de Cuentas sospechado de ser uno de los organismos provinciales más corruptos que tienen los fueguinos.

El solo pensar que este tribunal debería trasmitirle a la sociedad entre otras cosas, confianza, certeza y sobre todo transparencia sobre el accionar de los gobiernos, ocurre todo los contrario, los escándalos emanan de las raíces mismas del organismo.

La equiparación de los sueldos a los Tribunos judiciales sobrevino de una maniobra poco clara, luego del fallido intentos de sentar a Miguel Longhitano en la Corte Judicial, los actuales vocales votaron en beneficio propio y como una suerte de equiparación de los ocurrido en el Concejo de la Magistratura con la nominación de Longhitano por parte de los “Lofler y compañía”  una acordada que los entronaba en el reinado de los “Magistrados”.

Los escándalos por los nombramientos de parientes y amigos de éstos “magistrados” dentro del Estado fueguino son cuando menos obscenos.  

Esta semana se conoció una denuncia contra el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Longhitano, y a los vocales Hugo Pani y otros miembros del organismo, por avalar la designación y ascenso del contador Carlos Daniel Seoane, condenado por fraude agravado y con su matrícula profesional suspendida. Seoane fue además asesor político de la diputada nacional Andrea Freites, al igual que el propio Longhitano.

El nuevo escándalo escaló a través de denuncia anónima, presentada ante la Fiscalía de Estado, donde se advierte que el contador público Carlos Daniel Seoane continúa ocupando un cargo jerárquico dentro del organismo pese a tener una condena firme por administración fraudulenta agravada y matrícula profesional suspendida.

La denuncia indica que Seoane fue promovido a Auditor Fiscal Subrogante, un cargo clave en el control financiero del Estado provincial.

Lo más grave es que el nombramiento fue avalado y firmado por el presidente vitalicio del Tribunal, Dr. Miguel Longhitano, y los vocales Hugo Sebastián Pani y otros miembros del cuerpo colegiado, quienes omitieron deliberadamente la inhabilitación profesional del funcionario.

La maniobra, según la presentación, viola múltiples normativas, entre ellas la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (N° 50/1992), la Ley de Ética Pública (N° 25.188) y el Código Penal Argentino, que prohíben expresamente el ejercicio de funciones públicas a personas condenadas por delitos contra la administración.

Vínculos políticos y favores cruzados

Fuentes vinculadas al ámbito legislativo confirmaron que Carlos Seoane fue asesor político de la diputada nacional Andrea Freites, al igual que el propio Miguel Longhitano, quien también integró su equipo de asesores durante su paso por la Cámara Baja. Este dato refuerza las sospechas de que su ascenso dentro del Tribunal respondería a una red de favores políticos más que a criterios de idoneidad o transparencia institucional.

La denuncia presentada bajo los términos de la Ley Provincial N° 3 sostiene que la designación de Seoane “constituye un acto administrativo nulo de nulidad absoluta”, dado que el funcionario no puede ejercer la profesión de contador público ni firmar dictámenes fiscales mientras tenga suspendida su matrícula profesional. Esto quiere decir que lo que haya firmado, puede desencadenar nulidades de documentos públicos. 

Posibles delitos y encubrimiento

La presentación ante el Fiscal de Estado, Dr. Virgilio Juan Martínez de Sucre, pide la intervención inmediata del organismo y la remisión de las actuaciones a la Justicia Penal para investigar posibles delitos de violación de deberes de funcionario público, encubrimiento y falsedad ideológica.

A pesar de las irregularidades, Seoane continúa desempeñando tareas activas, firmando dictámenes y participando en auditorías, con el aval directo de las autoridades del Tribunal de Cuentas, hoy fuertemente cuestionadas por su manejo discrecional del poder y su cercanía al oficialismo provincial.

Un organismo bajo la lupa

El caso vuelve a poner en el centro del debate la falta de transparencia en el Tribunal de Cuentas, donde se acumulan denuncias por designaciones irregulares, ascensos arbitrarios, injerencia política y prácticas contrarias al espíritu de control independiente que debería tener el organismo.

Mientras tanto, la sociedad fueguina observa con creciente desconfianza cómo un ente creado para fiscalizar el uso de los fondos públicos parece hoy sumido en su propia crisis ética e institucional. Parece vas avocado en intervenir en cuestiones sindicales y elecciones que quieren volverlas partidarias a desempeñar su funciones.