El pago chico de Martínez Sosa siempre fue Río Grande, allí se desarrolló al calor del crecimiento industrial sobre todo de las electrónicas. Cuando comenzó el derrumbe de la industria y sus altibajos, Martínez Sosa hizo mutar su negocio y los seguros en entidades oficiales  (municipales o provinciales) marcaron una nueva era. Crearon una estructura privada desde lo comercial pero asociada a la política de turno.

No debe haber gobierno fueguino que no haya sido atravesado por las “ofertas” del bróker en los últimos 20 años.

Quien más o menos, gobiernos y municipalidades contaban con la intervención de la aseguradora, pero fue el gobierno de Melella que llevó la facturación de Martínez Sosa a una escala nunca antes vista.

La decisión de sacar de un solo plumazo al Banco Provincia de Tierra del Fuego, que venía gestionado los seguros provinciales en los últimos 16 años, le abrió un abanico de negocios al bróker preferido de Melella, sacar al BTF y colocar a Martínez Sosa significó quintuplicar la facturación por ser intermediario ya que se hizo cargo directamente de la gestión de seguros de organismos claves, como la Policía Provincial, la Agencia Recaudadora Fueguina, la obra social provincial, entre otros.

Cuando el escándalo estalló a nivel nacional teniendo en el centro de la investigación al expresidente Alberto Fernández y al bróker Martínez Sosa, muchas miradas se posaron en la gestión provincial de Melella.

Las sospechas no eran en vano, en la gobernación anidaba y anida un negocio rentable y millonario desde el primer minuto en que Melella llegó al poder.

Una denuncia en solitario del letrado Jorge Pintos que duerme en algún cajo del Juzgado Instrucción N°2 del distrito Judicial Sur, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo y una intervención poco feliz del Tribunal de Cuentas de la provincia que terminó en la nada misma, después de todo este Tribunal también cuenta con las bondades del bróker, no hubo más nada.

Si bien el esquema por el cual fue procesado el expresidente de la Nación Alberto Fernández y el propio bróker Héctor Martínez Sosa era idéntico al desarrollado con el gobierno provincial, acá la “investigación” no prosperó, de hecho Martínez Sosa sigue facturando como el primer día.

Por lo pronto la confirmación del procesamiento de Alberto Fernández por la trama delictiva de los seguros dejó expuestos un “esquema de recaudación y desvío de fondos públicos” que se replicó en muchas reparticiones. En esa causa quedo demostrado que las “directivas” para favorecer al bróker amigo del presidente, la daba su secretaria María Cantero a la postre ex-pareja de Martínez Sosa. Ella se encargaba de llamar a todos organismos y provincias donde su ex-marido tenía negocios, la pregunta que nadie se hace y que es simple ¿Qué papel jugó Melella al replicar el mismo mecanismo de la Nación en la administración fueguina? ¿Fue un favor al presidente de turno, respondiendo a la llamada  de María Cantero para que mediante el Decreto Provincial 1000/20, el gobierno de Melella rescinda un contrato histórico con el Banco de Tierra del Fuego para la administración de seguros públicos, y habilite la participación exclusiva de Martínez Sosa, broker vinculado personalmente al entonces presidente y al propio Melella.

Con ese decreto Martínez Sosa fue designado como asesor único en materia de seguros para todo el sector público fueguino, incluyendo organismos centrales, descentralizados y entes autárquicos. Los honorarios de la firma eran abonados directamente por las aseguradoras, pero sin intermediación estatal ni licitaciones públicas.

La Justicia investiga si esa decisión fue parte de una maniobra coordinada con Nación para favorecer negocios privados mediante el uso de estructuras públicas. Además, fuentes judiciales citadas en medios nacionales, sostienen que existen mensajes, correos electrónicos y registros de llamadas que ubican a Melella en el entramado con actores de la causa sospechados.

Mientras la causa avanza con el procesamiento de Fernández y su entorno más cercano, se espera que la fiscalía solicite nuevas declaraciones y peritajes que podrían comprometer aún más a funcionarios fueguinos. El expediente, que ya reveló un circuito de comisiones millonarias, podría develar un esquema de negocios paralelos en varias provincias, y Tierra del Fuego aparece como una de las más comprometidas.