En una sentencia que marca un antes y un después en la defensa de los derechos sociales, el Juzgado Federal de Campana resolvió que el Poder Ejecutivo debe cumplir con lo votado por el Congreso y poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad sin más excusas. La decisión impacta de lleno en un sistema colapsado, donde miles de familias, instituciones y profesionales reclaman respuestas urgentes del Estado.

La Justicia anuló el decreto y exigió aplicar ya la ley

El fallo judicial hizo lugar a un amparo colectivo y declaró inválido el artículo 2° del Decreto 681/2025, que había suspendido la ejecución de la ley sancionada por el Congreso en julio. Esta norma, aprobada por mayoría especial, declara la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027 y obliga al Estado a actualizar aranceles, garantizar continuidad en los tratamientos y reforzar la protección de derechos fundamentales.

El Gobierno había argumentado que la ley carecía de fuentes de financiamiento claras, pero el juez señaló que el Congreso ya había habilitado partidas y mecanismos de reasignación presupuestaria, tal como se hizo en otras áreas. Además, desestimó los riesgos fiscales invocados por el Ejecutivo.

“Nada impide al Estado cumplir con la ley y financiarla como ya hizo en otros casos”, destacó la sentencia, que también remarcó la gravedad de la crisis y su impacto en niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

El fallo marca un precedente y protege a miles de familias

La causa fue impulsada por familias de niños con discapacidad y respaldada por organizaciones como CAIDIS, FAICA, AIEPESA y ATAECaDis. Todos coincidieron en señalar que la suspensión de la ley agudizó una crisis estructural, con pérdida de empleos, cierre de centros de atención y tratamientos interrumpidos.

El juez enfatizó que el Poder Ejecutivo no puede frenar una ley votada por insistencia parlamentaria, y que hacerlo vulnera la supremacía constitucional. La sentencia se basa también en tratados internacionales de derechos humanos y obliga al Gobierno a aplicar la Ley 27.793 en todo el país.

El fallo no solo restituye derechos, también reafirma el límite legal al accionar discrecional del Ejecutivo, especialmente cuando se trata de grupos vulnerables.