La Asociación de Esposas, Familiares, Pensionados e Hijos de Policías denunció una situación crítica: llevan diez meses sin percibir ingresos. Apuntan al Gobierno provincial y a la Caja de Previsión por una deuda que nadie explica y un silencio que, lejos de calmar, agrava el conflicto.

Diez meses sin cobrar. Diez meses sin respuestas. Diez meses en los que, según denuncian los afectados, el silencio institucional dejó de ser una omisión para convertirse en una estrategia.

La Asociación de Esposas, Familiares, Pensionados e Hijos de Policías de Tierra del Fuego expuso una situación límite que afecta a 540 familias en toda la provincia. Sin ingresos, sin certezas y sin interlocutores, los damnificados aseguran que enfrentan una “discriminación selectiva” sostenida por decisiones políticas y administrativas.

Lejos de encontrar respuestas en el ámbito local, un grupo de afectados decidió viajar por sus propios medios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para visibilizar el reclamo ante autoridades nacionales. Según indicaron, lo que encontraron fue sorpresa: funcionarios judiciales y técnicos no lograban comprender cómo una resolución interna puede imponerse por encima de la legislación vigente y dejar sin sustento económico a cientos de familias.

El eje del conflicto apunta directamente a la Caja de Previsión provincial, a la que acusan de actuar con opacidad y falta de rendición de cuentas. La situación se agrava por la ausencia de respuestas formales: la Legislatura habría solicitado informes que, hasta el momento, no fueron contestados.

En paralelo, crece la polémica por las contradicciones dentro del propio Gobierno. Mientras desde algunos sectores se sostiene que no existe deuda con la Caja, declaraciones del Ministerio de Economía reconocerían lo contrario, dejando en evidencia una falta de coherencia que profundiza la incertidumbre.

El reclamo ya no se limita a lo económico. Para los afectados, lo que está en juego es el funcionamiento mismo del sistema institucional. Denuncian que quienes deberían garantizar derechos básicos hoy no solo no cumplen, sino que además evitan dar explicaciones. “Esto no es un error administrativo ni una demora técnica. Es una decisión política”, sostienen desde la asociación, que insiste en la necesidad de una respuesta urgente.

Mientras tanto, las preguntas siguen sin respuesta: cuánto se debe realmente, por qué no se paga y quién se hace responsable de una situación que lleva casi un año sin resolverse.

El conflicto expone una postal incómoda para la provincia: un Estado que exige esfuerzo a sus ciudadanos, pero que no logra —o no quiere— cumplir con sus propias obligaciones más básicas.