Una resolución regula los aumentos del servicio de agua, mantiene las protecciones sociales y exige informes a AySA.

El Gobierno formalizó cambios en los aumentos del servicio de agua para el área concesionada a AySA mediante la Resolución 14/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y busca ajustar el mecanismo de actualización tarifaria sin transferencia desde el Tesoro federal.

Marco regulatorio sobre las tarifas de Aysa

La norma se apoya en el Marco Regulatorio de la Ley 26.221 y da continuidad a la recomposición tarifaria iniciada en 2024 con un coeficiente K de actualización automática.

El ERAS dijo que la fórmula buscaba “acompañar la evolución de variables macroeconómicas para garantizar el equilibrio económico-financiero de la concesionaria, sin transferencias del Tesoro Nacional”.

AySA advirtió sobre un atraso tarifario que afectó inversiones y operaciones y sostuvo que “el atraso tarifario acumulado a la fecha (…) ha implicado el diferimiento de gastos e inversiones, así como la necesidad de recurrir a asistencia financiera para el sostenimiento del servicio”. La empresa estimó una pérdida superior a 95 mil millones de pesos.

Qué dice el Boletín Oficial sobre el nuevo esquema de aumentos de Aysa

El texto fue formalizado en el Boletín Oficial también mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2026, mientras que el Ente dictó la Resolución 14/2026 que introduce cambios al esquema vigente. Esa intervención sigue al tope excepcional del 1% mensual dispuesto durante 2025 y a un plan parcial de convergencia.

En el artículo 1° se fijan topes: el aumento efectivo mensual no podrá superar el 4% entre enero y abril de 2026, y desde mayo hasta agosto de 2026 inclusive será del 3% cada mes. La resolución explica que esta gradualidad “mitiga el impacto de la modificación del coeficiente K sobre los usuarios” y procura “amortiguar el efecto tarifario”.

El artículo 2° ordena a AySA presentar informes económico-financieros correspondientes al primer y segundo trimestre de 2026 para analizar la evolución del proceso de convergencia. El ente subraya la necesidad de “efectuar la evaluación, realizando un estudio que exponga los objetivos alcanzados y aquellos que se propone alcanzar” en un plazo establecido por el organismo.

La resolución ratifica además la continuidad de mecanismos de protección para los usuarios más vulnerables. Mantiene el Programa de Tarifa Social, que, según el texto, permite “neutralizar el impacto tarifario de las medidas” sobre los beneficiarios, y el objetivo: sostener inversiones sin trasladar abruptamente los costos a los más pobres.

La puesta en marcha del nuevo cuadro del Gobierno, busca reducir la brecha acumulada y ordenar los aumentos del servicio de agua en el corto plazo, con topes mensuales progresivos.