El caso de Carlos Daniel Seoane evidencia la falta de control externo sobre el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego. Seoane fue ascendido irregularmente a Auditor Fiscal Subrogante a pesar de tener una condena firme por administración fraudulenta y su matrícula de contador suspendida. Tras la presión periodística, renunció mediante la Resolución 199/2025, pero no recibió ninguna sanción: se retiró con una liquidación millonaria (vacaciones no gozadas, etc.). Los funcionarios que lo avalaron, Miguel Longhitano (presidente del Tribunal) y Hugo Sebastián Pani (vocal siguen en sus cargos sin consecuencias.

La Constitución Provincial establece que la Fiscalía de Estado y la Legislatura deben supervisar al Tribunal, pero ninguna de las dos instituciones ha actuado de oficio. No hay pedidos de informes, ni comisiones investigadoras, ni actuaciones por posibles delitos de encubrimiento o incumplimiento de deberes. Una denuncia anónima de enero de 2025, presentada ante la propia Fiscalía, no generó medidas concretas.

El silencio de estos organismos permite que el Tribunal funcione sin control real, con designaciones políticas por encima de la ley y renuncias millonarias en lugar de sanciones. Mientras faltan insumos en hospitales y los salarios están ajustados, el Tribunal se convierte en una estructura de poder privilegiada. El caso Seoane no es un error aislado, sino el resultado de años de falta de controles efectivos.

En plena crisis salarial el TC crea un adicional para solapar un aumento

El escándalo en el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo tras conocerse en detalle la fórmula de liquidación del adicional denominado “Función Específica”, un ítem salarial creado por la propia conducción del organismo que incrementa significativamente los ingresos de su estructura jerárquica.

Según la normativa interna, el adicional se calcula como el 15% de la suma de distintos componentes salariales —sueldo básico, adicionales por control, dedicación exclusiva y funciones de jefatura—, lo que genera montos que oscilan entre los $450.000 y los $800.000 mensuales. Es decir, cifras que, en muchos casos, superan ampliamente lo que percibe un docente por una jornada completa de trabajo. 

El beneficio alcanza a una extensa lista de cargos políticos y jerárquicos, entre ellos secretarios, prosecretarios, directores, asesores letrados, relatores, jefes de equipo y personal de la Secretaría Privada del Plenario. La mayoría de estas funciones no surgen de concursos públicos, sino de designaciones directas, lo que refuerza las críticas por discrecionalidad en el manejo de recursos.

La polémica se agrava en un contexto donde sectores clave como la educación atraviesan conflictos salariales profundos. Mientras docentes reclaman recomposición salarial y condiciones dignas, el organismo encargado de controlar el gasto público crea nuevas “funciones específicas” para justificar aumentos internos.

Desde distintos sectores advierten que no se trata de un reconocimiento técnico ni de una mejora estructural, sino de un mecanismo diseñado para incrementar ingresos dentro de una estructura cerrada, sin control externo efectivo.

El caso expone una lógica que se repite en distintos niveles del Estado: cuando no hay controles reales, el poder se administra en beneficio propio. Crear “funciones específicas” para justificar aumentos que superan salarios esenciales, como el de los docentes, no solo resulta injustificable, sino que erosiona la credibilidad institucional. En una provincia donde se discuten recursos básicos para educación y salud, este tipo de decisiones no son técnicas: son políticas, y reflejan prioridades difíciles de defender ante la sociedad.