Si bien el jefe de Gabinete, Jorge Canals, argumenta que el proceso constituyente “está en marcha” y no puede frenarse, e funcionario anuncio que además del veto, acudirá a la Justicia para denunciar  a la ley que boquea el llamado por inconstitucionalidad, lo que habré las puertas a un proceso dentro de la Justicia con tiempos que solo los cortesanos saben.

Lo cierto es que la crisis institucional en Tierra del Fuego se profundizó en las últimas horas tras la decisión del gobierno provincial de vetar la ley sancionada por la Legislatura que frenaba la reforma.

Jorge Canals,  en una actitud considerada por la oposición como “desesperada” salió a defender la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes fijada para el 9 de agosto. “Vamos a vetar esta ley que ha aprobado la Legislatura y después iremos por el camino de la inconstitucionalidad”, aseguró el funcionario.

Lo puntos clave que hacen tambalear la convocatoria

Costo millonario de la iniciativa. La reforma constitucional costaría al menos 8 mil millones de pesos, en medio de una grave crisis socioeconómica (deuda de la obra social, protestas docentes, tensiones por coparticipación).

Revés legislativo: 11 legisladores opositores (desde La Cámpora hasta La Libertad Avanza) votaron a favor de derogar la convocatoria; solo 4 apoyaron al gobernador.

Postura del Ejecutivo: 

Tensión política: El conflicto profundiza el distanciamiento entre el gobernador Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto (posible candidato a gobernador en 2027).

Opinión pública: Una encuesta muestra que el 64,9% de los fueguinos está en desacuerdo con la reforma.

Antecedente judicial: En agosto de 2025, el Superior Tribunal de Justicia avaló la convocatoria y dio 210 días hábiles para fijar nueva fecha.

El veto oficialista y la posterior judicialización definirán si los fueguinos votan el 9 de agosto o si la Justicia frena definitivamente un proceso criticado por costoso e inoportuno en plena crisis económica.