Lo que comenzó como una disputa por la validez de los comicios gremiales de APOC en el Tribunal de Cuentas de la provincia, se transformó rápidamente en un escándalo mayor. Es que, detrás de la presentación judicial impulsada por los vocales Hugo Pani y Miguel Longitano, para anular la convocatoria a elecciones y la proclamación de autoridades de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) durante 2025, subyace un conflicto de fondo mucho más irritante: los vocales del organismo se autofijaron salarios de magistrados y perciben haberes equiparables a los de un juez de la Corte Suprema, con actualizaciones automáticas y permanentes.

La medida, impulsada mediante la Resolución Plenaria N° 015/2026 y ya en manos del Juzgado del Trabajo N° 1 a cargo del juez Mauricio Neubauer, busca declarar nula toda la carrera electoral del gremio encabezado por Valeria Regueiro. Desde el TC argumentan irregularidades estatutarias, pero fuentes sindicales y trabajadores de los organismos de control interpretan ésta avanzada como una clara injerencia en la autonomía sindical, con un trasfondo incómodo: mientras los vocales del Tribunal de Cuentas se embolsan sueldos de alto rango judicial actualizados mes a mes, el gremio viene denunciando falta de transparencia en el manejo de fondos y constantes "cosechas de corrupción" en las máximas autoridades del organismo.

No es un dato menor: los vocales del Tribunal de Cuentas fueguino perciben remuneraciones idénticas a las de un juez de la Corte, un privilegio que ellos mismos se votaron y que se reajusta periódicamente sin control externo visible. A eso se suman años de señalamientos sobre opacidad en contrataciones, sobresueldos y decisiones administrativas que nunca terminan de esclarecerse. En este contexto, la judicialización de las elecciones de APOC aparece para muchos como una cortina de humo o, peor aún, como un intento de disciplinar al único gremio que se anima a poner el dedo en la llaga.

El expediente Nº 12042/2026 avanza en medio de una creciente tensión política e institucional. Mientras el juez Neubauer define si hace lugar a la nulidad pedida por el Tribunal, los sindicalistas advierten que lo que realmente está en juego no es solo la representación gremial, sino destapar una estructura de privilegios y falta de controles en la cúpula del propio organismo de control. En Tierra del Fuego, la pelea ya no es sólo por un padrón electoral: es por los blindajes, los sueldos blindados y la opacidad en la cima del poder provincial