Moscú lleva más de cuatro años ofreciendo altos salarios a los hombres que se alistan para participar en la guerra a la que llama “operación militar especial”. Ahora ofrece contratos con una duración mínima de un año

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó el lunes un decreto que cancelará deudas de hasta 10 millones de rublos (139.000 dólares) a quienes se alisten en el ejército, en un nuevo intento por atraer más hombres al campo de batalla en Ucrania.

El gobierno ruso lleva más de cuatro años ofreciendo salarios atractivos a los hombres que se alistan para participar en la ofensiva a gran escala contra Ucrania.

El decreto, publicado por el Kremlin, establece que los rusos que firmaron un contrato militar después del 1 de mayo de este año, así como sus cónyuges, podrán beneficiarse de la exención de deudas.

El contrato debe tener una duración mínima de un año y estar destinado a “cumplir las tareas de la operación militar especial”, término que emplea el Kremlin para referirse a su guerra contra Ucrania.

Este decreto es la última medida de apoyo económico para las tropas rusas en Ucrania.

La economía rusa lleva más de cuatro años en pie de guerra, con las necesidades del ejército como prioridad sobre otros sectores.

Putin también ha abogado por la reintegración social de los veteranos de la guerra de Ucrania, pidiendo que los combatientes que regresan del frente ocupen puestos profesionales de alto nivel en su país.

Putin además promulgó este lunes una ley que le permite autorizar el uso de las fuerzas armadas en el extranjero para proteger a los ciudadanos rusos procesados judicialmente.

La norma, que previamente recibió el visto bueno de ambas cámaras del Parlamento ruso, fue publicada en la web del portal oficial de información legal.

El nuevo marco normativo contempla, entre otras cosas, “el posible empleo extraterritorial por decisión del presidente de la Federación Rusa de unidades de las Fuerzas Armadas para la defensa de ciudadanos rusos”.

El documento permitiría a Moscú intervenir militarmente en terceros países que amenacen la libertad de ciudadanos rusos a través de procesos judiciales, arrestos o detenciones sin la participación de Rusia y cuya decisión no se base en un tratado internacional ni en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

La ley entrará en vigor 10 días después de su publicación en el boletín oficial.

Anteriormente, el presidente del Comité de Legislación Constitucional del senado ruso, Andréi Klishás, defendió que la medida tiene carácter preventivo y mejorará el prestigio internacional de Rusia, así como protegerá a sus compatriotas.

El jefe del comité de defensa de la Duma, Andréi Kartapólov, afirmó que el cambio de la legislación permitirá evitar situaciones como la ocurrida con el arqueólogo ruso Alexandr Butiaguin, detenido en Polonia a petición de Kiev por unas excavaciones en Crimea, anexionada por Moscú en 2014, que Ucrania considera “ilegales”.

En abril de 2023 las autoridades rusas introdujeron una enmienda a la ley federal Sobre Seguridad, que permite al jefe de Estado “tomar medidas para la defensa de Rusia y sus ciudadanos en caso de que organizaciones extranjeras e internacionales tomen medidas o adopten acciones que se contradigan con los intereses de la Federación Rusa”.

Dicha enmienda no precisaba qué medios podía utilizar el presidente para cumplir con lo estipulado por la ley, algo que queda manifiestamente claro en esta nueva ley.

Según algunos expertos, la nueva norma “legaliza” la protección de barcos de la llamada ‘flota fantasma’ de Rusia por buques de guerra del país.

Algunos medios han llegado a comprar la ley con una que tiene Estados Unidos para proteger a su personal militar y funcionarios de las acciones de la Corte Penal Internacional.

(Con información de AP y EFE)