La Justicia realizó anoche una serie de 8 allanamientos en la ciudad de Río Grande entre el pabellón B de la Unidad de Detención, donde requisaron a los reclusos sospechosos,  y siete domicilios particulares de penitenciarios acusados de generar “una zona liberada”. Entre ellos está el propio director de la Unidad de Detención.

El detonante de esta situación fue la golpiza sufrida por tres reclusos el pasado 9 de mayo en el pabellón B, denunciando sus familiares que habían advertido a las autoridades penitenciarias del peligro si eran ingresados a ese sector de la Unidad de Detención.

Los entraron al pabellón donde inmediatamente otros internos taparon algunas cámaras de seguridad e ingresaron a la celda de los recién alojados, sometiéndolos a una brutal golpiza. Las víctimas se negaron a denunciar a pesar de lo cual incluso se sospecha que hasta fueron abusados sexualmente, dado que una cámara de seguridad llegó a tomar la secuencia viéndose que egresan de la celda totalmente desnudos.

La Justicia inició la investigación por este hecho y curiosamente el Servicio Penitenciario dijo inicialmente no poder identificar a los autores del hecho, tras lo cual el juzgado de instrucción 3 dispuso -semanas atrás- un procedimiento en la Unidad de Detención por parte de la división Delitos Complejos.

Allí se relevaron las cámaras de seguridad y se pudo trabajar sobre la cámara que no llegó a ser tapada y que registró toda la brutal secuencia.

Asociación ilícita

El informe de Delitos Complejos fue crucial para determinar que el violento episodio se prolongó por más de una hora, pudo ser visualizado desde la vigilancia interna o bien desde el monitoreo de la misma cámara; sin embargo nadie impidió la golpiza que incluso habría sido advertida.

Llamativamente esta cámara incluso permitía identificar a cada uno de los 10 reclusos que ingresaron a la celda, cuestión que el Servicio Penitenciario inicialmente dijo no poder establecer.

El juzgado de instrucción a cargo de la Dra. Cecilia Cataldo y la fiscalía Mayor con el Dr. Martín Bramatti, trabajaron en conjunto con la Policía en la investigación de este hecho que está caratulado como “asociación ilícita destinada a cometer delitos” de manera conjunta entre los 10 presos y al menos 7 integrantes del Servicio Penitenciario, incluido el director del penal, Raúl Ciares.

Allanamientos a penitenciarios y requisa del pabellón

En el marco de esta megacausa, que unificó la investigación por la golpiza y la presunta connivencia con penitenciarios; esta madrugada de miércoles se libraron 8 órdenes de allanamiento y requisa. El principal procedimiento fue encabezado por la propia jueza junto a un grupo táctico de Servicios Especiales dentro del pabellón B.

Allí se produjo la requisa de las celdas de los internos; Luis Marcelo Saldivia, Maximiliano Malcovic, Maximiliano Perpeto San Justo, Enoc Perpeto, Leandro Soto, David Ojeda, Gastón Olarte y Tadeo Calderón. Se incautaron dos celulares en poder de los internos, sus legajos disciplinarios e incluso prendas de vestir. Finalmente se los notificó de derechos y garantías por el brutal ataque a los tres internos, además del delito de “asociación ilícita”.

Incluso se realizó una inspección ocular en la celda donde se produjo la golpiza, la cual casi a un mes del incidente se encontraba en iguales condiciones con salpicaduras de sangre de las víctimas.

Asimismo siete procedimientos se realizaron en los domicilios particulares de cada uno de los penitenciarios que aquella tarde del 9 de mayo estaba de guardia en la Unidad, al momento de la golpiza. A cada uno de los penitenciarios se le secuestró su celular, incluido en esto el director del penal.

La investigación ahora continuará con el peritaje de los celulares que puede resultar clave en esta posible vinculación ilícita entre presos y sus custodios, desconociéndose los alcances investigativos que puede tomar esta causa.