El presidente de la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura, Pablo Villegas, confirmó que la empresa Leolabs Argentina S.R.L. apeló la decisión del Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Sur, que había ordenado su disolución. Sin embargo, la pulseada no termina ahí, ya que también existe un recurso de reconsideración pendiente ante la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional .

Este movimiento judicial es el capítulo más reciente de una historia que comenzó en 2022, cuando la empresa de capitales británicos instaló una estación terrena satelital en la estancia El Relincho, en las afueras de Tolhuin . El argumento de la justicia provincial para ordenar la disolución de Leolabs Argentina S.R.L. fue la "imposibilidad sobreviniente de lograr su objeto social", un tecnicismo legal que se traduce en que, sin los permisos nacionales y provinciales necesarios para operar, la empresa carece de razón de ser según la Ley Nacional de Sociedades .

La decisión de la justicia fueguina y la investigación legislativa ponen en el centro de la escena al gobierno de Melella. Diversos medios locales e informes coinciden en señalar que la responsabilidad por la instalación del radar es compartida con la entonces gestión nacional de Alberto Fernández, pero la participación provincial fue clave.

Según se desprende de las investigaciones, LeoLabs obtuvo una autorización precaria en noviembre de 2022 a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de la Nación . Sin embargo, para que el proyecto avanzara, necesitaba también el visto bueno provincial. Fuentes judiciales y periodísticas indican que el gobernador Melella habilitó la operación, una acción que luego intentaría desandar cuando la situación se volvió insostenible .

El entonces ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, emitió un informe técnico en 2023 en el que calificaba al radar como un "riesgo para la seguridad nacional", argumentando que su ubicación estratégica y su potencial uso dual (civil y militar) afectaban "severamente la soberanía" en el marco de la disputa por las Islas Malvinas . A pesar de esta advertencia, la infraestructura ya estaba montada.

Con el escándalo en aumento y la comunidad de Tolhuin, respaldada por excombatientes, presionando por el desarme, la administración Melella comenzó a tomar distancia. En agosto de 2024, el gobierno provincial anunció que llevaría a LeoLabs a la justicia para pedir su disolución, presentando una acción formal ante la Inspección General de Justicia .

Sin embargo, esta medida fue vista por algunos sectores como una "operación de prensa" o un intento de fingir preocupación para desligarse de su responsabilidad inicial. Al mismo tiempo, la provincia rechazó formalmente un recurso de la empresa y la intimó a desarmar el radar, una orden que hasta la fecha no se ha cumplido.

Un dato que complica aún más el panorama político fue el intento de LeoLabs de realizar un cambio societario. La empresa buscó transferir sus acciones a dos sociedades registradas en Estados Unidos, un movimiento que el propio gobierno de Melella calificó como un "maquillaje societario" para eludir su origen británico y las consecuencias legales . Aunque el gobierno provincial detectó el movimiento, el hecho de que la empresa intentara esta maniobra mientras operaba desde el territorio fueguino evidencia una relación que muchos califican de "cómplice necesaria" .

El caso del radar de Tolhuin ha dejado una profunda herida política e institucional en Tierra del Fuego. Lo que comenzó como una autorización para un "radar de seguimiento de basura espacial" se convirtió en un símbolo de vulneración de la soberanía, al mismo tiempo que el propio Melella se sube a la tribuna de campaña y sigue hablando de soberanía y de las Malvinas en una abierta contradicción con sus hechos como gobierno.