Río Grande.- La legisladora del bloque justicialista, Myriam Martínez, negó una emergencia en la provincia y también el nivel de déficit y de deudas que fue informado por el gobierno provincial. Sostuvo que, si se pretende declarar una emergencia económica, financiera, sanitaria, de infraestructura “tenemos que tener los números” que lo justifiquen.

Por Radio Nacional Ushuaia hizo referencia al megaproyecto retirado por el gobernador, que había llegado a los bloques el miércoles por la mañana, generando la reacción por todos conocida. “Quedamos un poco sorprendidos, porque entendemos que la provincia tiene algunas dificultades pero no nos encontramos en emergencia. Los chicos van a finalizar las clases en forma normal, los establecimientos escolares están funcionando, lo mismo los hospitales, los salarios se pagaron, también el aguinaldo, los jubilados están cobrando en tiempo y forma”, detalló.

También expuso su sorpresa por el nivel de deuda que se difundió y, a su criterio, no es real. “Vi los números que se habían publicado y la deuda que decían que estábamos dejando. No eran los números que estábamos manejando en el presupuesto y con el equipo que me acompaña. Los números que informaron en este momento no tienen nada que ver con la presentación que hizo el ex ministro Labroca en el Tribunal de Cuentas, para dejar todo en regla”, aseveró, y dio a conocer que Labroca le dejó “muchísima documentación” para analizar.

“No tenemos los mismos números en la obra social, y esto fue reconocido en la reunión de los legisladores con el gobernador. Ellos hablaban de un déficit de 1.300 millones y a la fecha es de 520 millones, producto del aumento del dólar, porque los medicamentos se fueron a las nubes. Hay un problema muy importante para hacerse de los medicamentos, porque el costo es altísimo. Esto no es por un mal funcionamiento de la obra social ni porque se hayan utilizado mal los recursos”, manifestó.

Con respecto a la emergencia en el puerto, señaló que no hay déficit sino “un superávit, y tiene un plazo fijo de 280 millones. Ahora queremos ver la presentación que hicieron”.

Gobernador expuesto

La legisladora fue crítica del entorno de Melella, por cómo lo dejó expuesto con los errores del megaproyecto que debió ser retirado, y expresó que “le creyó” cuando se reunió con los legisladores y les aseguró que nunca fue el espíritu del gobierno la redacción que se presentó.

“El gobernador en principio nos pidió disculpas porque él tampoco tenía conocimiento real de lo que se había presentado. Él había solicitado los puntos principales a su equipo y parece que en el desarrollo escribieron cuestiones que no comparte para nada. Yo lamento que lo hayan expuesto así al gobernador, porque él firmó. Ha confiado en su equipo, le dio las premisas de lo que quería hacer, y hubo una falla en medio grandísima. El que quedó expuesto es el gobernador, y él asume la responsabilidad desde el lugar que ocupa”, destacó.

“No tengo por qué no creerle a Melella”, subrayó y, consultada respecto de si correspondería que separara del cargo a los responsables, dijo que “lo que ocurrió es un tema del gobernador y su equipo y nosotros no vamos a intervenir”.

También hizo referencia a la ley de emergencia previsional, y al aumento de aportes. “Melella dice que no va a hacer nada en contra de los trabajadores ni de los jubilados. La ley de emergencia previsional iba a ser por cuatro años –corregida a dos ahora-, y también recibimos muchos mensajes de los trabajadores del Banco Tierra del Fuego por cómo se iban a aplicar las utilidades”, apuntó, dado que seguirían vigentes como herramienta de financiamiento.

“Yo me senté con el ex ministro Labroca porque los números que informaron no son reales”, reiteró Martínez, y consideró que “si se quiere declarar una emergencia económica, financiera, sanitaria, de infraestructura, tenemos que tener los números, y para nosotros no estamos en emergencia. El gobernador puede necesitar herramientas, pero quieren presentar la emergencia sanitaria por la falta de profesionales, que no es un problema de la provincia ni de Argentina, sino de Latinoamérica. También tenemos municipios que tienen un trabajo territorial con el tema sanitario”, observó, abriendo la posibilidad de compatibilizar el servicio de salud provincial con el municipal.

En cuanto a la emergencia edilicia, destacó que “si bien falta mucho con los establecimientos educacionales, comparado con lo que recibimos, hay un 60% de mejora y se trabajó muchísimo para su buen funcionamiento”.

“Con el tema del banco, estuve hablando con Miguel Pesce porque en un momento se dijo que estaba en menos 200 millones. Me dijo que el banco está en perfectas condiciones, tiene liquidez, utilidades”, afirmó, dispuesta a presentar los números que le hizo llegar el ex presidente del Directorio.

“Nosotros no cuestionamos que se destinen utilidades al sistema previsional, pero la fórmula no es la misma que en la ley anterior. Ellos van a aplicar el 50% y otra parte será para créditos no bancarizados. Ese tema lo tenemos que ver también, porque tenemos la preocupación de los empleados del banco por el artículo 28, sobre el pago del incentivo, dado que les saca derechos adquiridos”, dijo de una norma que mantiene el statu quo que se sostuvo en la gestión Bertone, respecto del no reparto de utilidades.

Para la legisladora Martínez, esto era válido para la gestión anterior pero no para la actual: “Los empleados habían cedido el pago de ese incentivo en su momento por la situación en que se encontraba la provincia, pero era algo provisorio, no permanente”, cuestionó de uno de los puntos incluidos en el paquete de leyes de enero de 2016.

“Dijeron que quedó una deuda de la obra social de 1.300 millones y son 500, que el puerto da pérdida cuando tiene superávit, que el banco está en menos 200 millones y tiene utilidades también. La deuda de los 200 millones de dólares está garantizada por las regalías, que son en dólares. Sube el dólar y suben las regalías, y la garantía es dos veces y media al préstamo”, enumeró de la sucesión de imprecisiones en las que habría incurrido el gobierno y serán tema de debate en la sesión del viernes, con el fin de analizar si está justificada la declaración de emergencia y en qué áreas.