Río Grande.- La legisladora de Unidad Fueguina Myriam Martínez expuso su malestar al haberse enterado en las reuniones virtuales de la semana pasada de la existencia de un decreto que declara la “emergencia informática y administrativa”, luego del rechazo a la ley de emergencia administrativa que se pretendió aprobar sobre tablas a poco de asumir Gustavo Melella. Advirtió que como legisladores no van a darle al Ejecutivo “un control remoto” para que maneje la provincia “con tres o cuatro teclitas”.

Por FM La Isla se la consultó en principio sobre el silencio del bloque justicialista, dado que hasta ahora se conocían declaraciones por los medios de distintos legisladores de otros bloques, menos de Unidad Fueguina. “Hemos sido muy respetuosos de los momentos que estamos viviendo, pero yo he salido a hablar de la propuesta que remitimos al gobernador de la provincia para utilizar un porcentaje de los fondos del endeudamiento para  paliar la situación crítica de los comercios. Más allá de todas las medidas que se están tomando, hay una parte importantísima de la comunidad que no está contemplada”, expresó.

“En lo que hace a la actividad legislativa, primero mantuvimos una reunión por videoconferencia los 15 legisladores con la vicegobernadora Mónica Urquiza, donde planteé la necesidad de que la Legislatura funcione, con un protocolo de prevención, para poder sesionar. No hemos sesionado porque el Ejecutivo no ha enviado ningún tipo de proyecto para que la Cámara pueda trabajarlo”, cuestionó.

Consideró que “con las comisiones podemos trabajar sin ningún inconveniente, respetando el distanciamiento necesario y con un protocolo escrito, que no tenemos todavía”, lamentó.

Dado que su compañero de bloque Ricardo Furlan dijo que se necesitan dos sesiones para modificar el reglamento y permitir sesiones virtuales, la legisladora Martínez volvió a defender las sesiones presenciales. “Es cierto que se presentó un proyecto de modificación del reglamento, y que ante el requerimiento de información oficial fueron invitados varios ministros por medio de videoconferencia, pero en mi caso la comunicación se me cortó muchísimas veces, quedé fuera de línea, y en otras oportunidades no se entendía lo que estaban hablando. En un momento estaba el jefe de gabinete Agustín Tita, el ministro de Trabajo Marcelo Romero, la ministra de Educación Analía Cubino, la ministra de Desarrollo Humano Verónica González, y se cortó la señal en plena comunicación. No se pudo retomar ese contacto y entiendo que este medio de comunicación es una herramienta más, pero no es una garantía”, evaluó.

“Nosotros tenemos el edificio de sesiones preparado con el distanciamiento necesario para los 15 legisladores, el personal de Cámara y el administrativo, pero no tenemos proyectos para tratar porque el Ejecutivo no ha enviado nada con respecto a algún tipo de herramienta para esta situación que estamos atravesando”, reiteró.

Coparticipación y juicio político

Por otra parte se abordaron los cruces de los últimos días entre funcionarios de la gestión de Martín Pérez en el Municipio de Ushuaia y referentes del oficialismo, particularmente luego de las declaraciones del secretario de Gobierno Gastón Díaz. Si bien se desdijo, Díaz abrió la posibilidad de un pedido juicio político contra el gobernador Melella al mencionar que es “falta grave” de acuerdo a la Constitución no remitir la coparticipación en tiempo y forma, y recordar la destitución de Jorge Colazo. “Yo escuché la entrevista y Gastón contó como algo anecdótico que un gobernador fue destituido por deudas de coparticipación. Eso duró ocho segundos. Fue para que los oyentes tomaran conocimiento real de la gravedad de incumplir el artículo 135, inciso 10”, justificó.

Cabe recordar que dicho inciso obliga a “remesar en tiempo y forma los fondos coparticipables a las municipalidades y comunas”, y dice que “su incumplimiento será considerado falta grave en el ejercicio de sus funciones”.

“Yo tengo autoridad moral para hablar de este tema porque con mi voto como oposición evité la continuidad del juicio político que llevaba a la destitución a la ex gobernadora Fabiana Ríos. No me pueden hablar de defender las instituciones democráticas”, disparó.

Agregó que a este reclamo de Díaz, se suma “la nota enviada por todos los concejales de Ushuaia, incluido el partido FORJA, que reclama la coparticipación al gobierno provincial, entonces me pregunto quién falta a la verdad”.

¿Sin fondos para sueldos?

La legisladora insistió en la falta de información, “social y económica” de parte del gobierno. La semana pasada “recién nos empezaron a mandar algunos archivos con respecto al trabajo que está llevando adelante el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano, y la estamos evaluando, porque es mucha la información que está llegando. Con el tema de economía no tenemos ningún tipo de información. A nosotros nos sorprendió porque el jueves tomamos conocimiento del decreto 612 de 2020, donde se declara la emergencia informática y administrativa en la provincia. Esto modifica la ley 1015, y establece un modo de contratación y de control diferente. Dice que el control va a ser posterior, y es muy confuso porque habla de una representación por contrato, que también estamos evaluando. No entiendo a quién le está delegando funciones de representación el gobernador, que es la máxima autoridad. El año pasado se había intentado aprobar la emergencia administrativa y nosotros habíamos solicitado el pase a comisión para poder evaluarlo, con toda la información correspondiente y la presencia de los ministros, porque no le vamos a entregar un control remoto para que manejen la provincia con tres o cuatro teclitas”, advirtió.

“No teníamos conocimiento de este decreto y lo que el gobernador no pudo llevar adelante por medio de una ley, lo está haciendo por este decreto que todavía no está en el boletín oficial pero sí está firmado”, aseguró.

“Son muy preocupantes las últimas declaraciones respecto de la falta de recursos para el pago de salarios, sin la ayuda de los ATN. También queremos saber qué pasó con los aumentos que se otorgaron, y es increíble que uno se tenga que enterar por los medios de comunicación. Aparentemente el aumento solamente va a ser para los empleados sanitarios y las fuerzas de seguridad, y queremos saber cuál es el monto total. También por los medios hemos conocido por el presidente del banco de Tierra del Fuego que hoy estamos en 1.500 millones por mes en salarios, cuando el año pasado no llegábamos a los 1.100 millones”, dijo la legisladora, si bien el presidente del BTF fue claro al decir que incluía las jubilaciones en dicho monto.

Más allá de la sucesión de cuestionamientos, la legisladora afirmó que “la idea es colaborar, pero también tener nuestra palabra, porque somos opositores a este gobierno. He escuchado a muchos funcionarios y electos y parece que molesta la palabra de la oposición, o la de un funcionario como Gastón Díaz, que está reclamando la coparticipación que le corresponde a la Municipalidad de Río Grande. Ellos tienen todo el derecho de tenerlo en tiempo y forma”, remarcó.

“La prioridad hoy es la salud, pero también la economía y el control de las finanzas de la provincia. Los tres intendentes tienen que administrar las ciudades y los legisladores tenemos que tener conocimiento de cómo se están utilizando los recursos del Estado. No tenemos esa información y recién ahora tenemos contacto por videoconferencia para poder hablar con los ministros, pero tampoco es algo que  da garantía, porque nos quedamos sin señal y se corta continuamente”, sostuvo.

“Entiendo que tenemos que contar con el protocolo correspondiente y comenzar a trabajar en las comisiones. Si el gobierno remite proyectos, poder debatirlos y sesionar como corresponde. La vida continúa y tenemos que seguir acompañando esta situación tan difícil que vivimos los fueguinos”, expresó.

Sin convocatoria

Martínez sumó otra crítica por la falta de participación en la toma de decisiones. “Nosotros no integramos el comité de crisis, porque solamente está integrado por profesionales de la salud, y habían dicho que iban a convocar al consejo económico y social pero no lo hicieron. Esa sería una buena herramienta para integrar las tres ciudades y trabajar con esas realidades. Pueden participar todas las fuerzas políticas, las organizaciones sociales, los sindicatos. Eso no se está haciendo y además vemos una gran diferencia en el vínculo que se ha generado con la ciudad de Ushuaia, que no es igual al vínculo con Río Grande”, advirtió, en función de las obras que llevan en conjunto la gestión Vuoto y Melella.

“Nosotros tratamos de buscar el equilibrio justo en esta situación tan delicada, porque la gente está irritada, se ha extendido la cuarentena 14 días más y si bien algunas actividades se van a ir flexibilizando, en la provincia estamos bastante complicados por la cantidad de casos que tuvimos. Uno se alerta porque escuchamos que los recursos que tenemos no alcanzan para pagar los salarios y, si mañana se termina la cuarentena, no sabemos si se van a poder pagar. No tenemos un panorama alentador y la economía mundial se cayó. También se tomaron muchísimos compromisos que hay que afrontar, como el pago del aumento de salarios. Eso se tiene que cumplir, pero no sabemos con qué recursos. Estas son las cuestiones que tenemos que hablar, y hablarlas en el tiempo justo, no después. Nosotros no podemos dejar de reclamar la coparticipación de los municipios, porque son recursos que le corresponden a cada ciudad. Los ATN dijo el gobernador que los iba a coparticipar y después dicen que van a pagar parte la deuda con esos fondos. No pueden decir una cosa y hacer otra”, fustigó.

“Las herramientas que tenemos como legisladores son los pedidos de informe, pero la Cámara no está funcionando y tenemos que manejarnos por alguna otra vía. Yo tengo diálogo con el jefe de gabinete, he intercambiado mensajes con él, me ha respondido el teléfono, pero una cosa es el diálogo con el Ejecutivo provincial y otra el trabajo legislativo que nos corresponde a cada uno”, concluyó.