Río Grande.- Fuentes del Gobierno de la provincia confirmaron a Télam que las empresas electrónicas retomaron su actividad plena en Tierra del Fuego desde el lunes 1 de febrero.

Las empresas del llamado Polo Industrial Fueguino atravesaron diferentes etapas en su nivel de funcionamiento como consecuencia del coronavirus: desde la paralización absoluta durante la cuarentena más restrictiva, hasta el regreso parcial de las actividades desde agosto pasado. Ahora, con el mantenimiento de protocolos sanitarios, las fábricas ubicadas en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, amparadas por un régimen de promoción fiscal, retomarán su operatividad plena.

La decisión de incrementar la capacidad industrial fue adoptada en conjunto por el Gobierno provincial y los miembros del Comité Operativo de Emergencia (COE) que regula las diferentes actividades durante la pandemia.

“Se trata de una medida que permite a la industria recomponerse totalmente y que va de la mano con un proceso de reactivación que se está dando en todo el país”, afirmó la ministra de Producción y Ambiente de la provincia, Sonia Castiglione, en declaraciones con la prensa. “Se trabajó mucho desde las áreas de Salud e Industria, junto a las empresas y gremios, para llegar a esta reactivación. Claramente es un logro de los trabajadores organizados y de la buena predisposición del sector empresarial“, señaló la funcionaria.

Sin embargo, en forma simultánea con la reactivación persisten conflictos laborales en el sector, como es el caso de la firma Iatec de Río Grande, donde se mantiene una medida de fuerza desde la semana pasada debido a la desvinculación de personal contratado. Los delegados de la planta ratificaron el cese de actividades pese al dictado de una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, y denunciaron falta de “vocación de diálogo” de la empresa.

En tanto, el Grupo Mirgor, del que depende Iatec, emitió un comunicado (publicado ayer por este medio) en el que define a la protesta como “ilegal” y ratificaron que no hubo ninguna desvinculación. “Pone en riesgo la continuidad laboral de 1.500 trabajadores, ya que el no acatamiento de las medidas dictadas por la autoridad pertinente habilita los despidos con justa causa por parte de la empresa, entre otras acciones posibles”, indicó el pronunciamiento empresario.