Ushuaia.- El titular del Comité adelantó que requerirán a las carteras ministeriales de Gobierno, de Salud y de Desarrollo Humano para conocer “datos objetivos duros” sobre los lugares que alojen a personas en situación de encierro, dijo este mediodía a Prensa Legislativa. El pedido de informes, ahondará en el número de unidades carcelarias, calabozos y “lugares donde se encuentren personas internadas con problemas de salud mental; de menores en conflicto con la ley penal y de adultos mayores”.

Villegas dijo que desde los representantes de las ONG en ese Comité se planteó una situación particular “que se estarían dando en la Unidad Carcelaria N° 1” de Río Grande, cuestión de la que se espera contar con “el informe respectivo”, sostuvo.

Adelantó que durante noviembre el Comité mantendrá distintos encuentros con referentes del sistema penitenciario provincial, Poder Judicial y el área de Salud Mental de Tierra del Fuego con el fin de “mantener un vínculo institucional con este Comité”, para mantener “aceitado el marco de actuación institucional de este mecanismo local”.

También, dio detalles sobre las jornadas que se llevarán adelante en Chaco, donde se pondrán en valor “las experiencias que tienen otros mecanismos locales”, detalló.

El orden del día previsto en el encuentro de ayer se trataron la aprobación del acta de la última sesión del Comité; informe de Presidencia sobre remisión de notas de la Presidencia a las reparticiones públicas donde se solicita información, datos, estadísticas y registros; informe de Presidencia referente a invitación al primer Encuentro de Mecanismos Locales en Resistencia, Chaco y cuestiones relacionadas a la política de seguridad provincial.

El Comité está integrado por el legislador Federico Greve (FORJA); el Dr. Gonzalo Sagastume; el Dr. Gonzalo Carrillo Herrera y referentes de organizaciones de derechos humanos, José Luis Piñeiro, Analía Castonjauregui y María Florencia Villarreal.

La Ley provincial N° 857 sancionada en octubre de 2011 y promulgada en noviembre de ese mismo año, estableció la creación del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Según el diario de sesiones de la época, los legisladores y legisladoras comprendieron que “es importante crear un ámbito de participación mixta, institucional y ciudadana” en pos de la aplicación de la Convención contra la Tortura.