Río Grande.- “Tuvimos una reunión con la presidenta del IPV, y sobre los sumarios no hay dictamen todavía, y el otro no se ha iniciado”, indicó la abogada Dalila Nora, que representa a las trabajadoras Sandra Aballay y Liliana Ibáñez. 

“La reunión fue amena, y esto es una apreciación personal, no creo que se pueda resolver de otra forma, hemos iniciado lo reclamos en la ART, porque están –Ibáñez y Aballay- con tratamiento psicológico bastante intenso, los profesionales han manifestado que por lo menos tienen 4 meses más de terapia y están medicadas”, sostuvo en declaraciones a Radio Provincia. 

Respecto de la situación de ambas mujeres, Nora comentó: “se han tenido que ir de su espacio de trabajo, si no se sanea el ambiente laboral en el IPV, va a ser imposible que estas trabajadoras vuelvan a sus puestos de trabajo, se ha naturalizado la violencia dentro de esta institución”, sostuvo. 

Acerca de los sumarios administrativos iniciados a otros trabajadores que habrían cometido los acosos laborales y maltratos, “uno de los expedientes ha avanzado, pero el segundo, no ha llegado a manos de la Presidenta. Los abogados se han excusado, hay antecedentes, sanciones y nadie se anima”, a continuar con las investigaciones. 

De la reunión mantenida, la abogada explicó: “hemos pedido celeridad para los expedientes, estamos muy próximos a diciembre y no creo que se resuelva este año, lo que no avanza en la vía administrativa, si avanza las medidas judiciales como una prohibición de acercamiento hacia las personas afectadas”, detalló.   

“Las chicas se sintieron escuchadas –por Laura Montes- cosa que no venía sucediendo, pudieron explicar con lujo de detalles, y esta Presidenta se puso a disposición, y por eso nos pusimos colaborativas, pero planteo que ella hoy no sabe cuáles serían los recursos para sanear el ambiente laboral”. 

“Ningún funcionario sabe cómo sanear el ambiente de trabajo, a estos funcionarios se les fue de las manos, en todas las instituciones”, asegura Dalila Nora, acerca de las situaciones de violencia laboral que se han naturalizado en distintos espacios de trabajo. 

Una Ley Micaela que no se aplica

“Hay una de las denuncias que ellas se amparan en la Ley Micaela, y la gestión es la misma. Todos hablan de la Ley Micaela, pero de herramientas desconocen absolutamente todo, hoy te puedo decir que esta todo igual, porque a Alonso se lo puso en el área técnica, no se han hecho cursos tendientes a evitar la violencia laboral”, indicó la abogada representante de Ibáñez y Aballay. 

“Quiero que la gente entienda” e ironizó, “armamos la oficina de acoso laboral, armamos la oficina de violencia, y no se hace nada, se genera un gasto público, y no se genera una política para evitar las violencias” y por último refirió la Dra. Dalila Nora, “Yo no vi a los sindicatos apoyando a las trabajadoras”.