La reunión que mantuvo el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, con integrantes de comunidades mapuches, entre quienes estaban las progenitoras de tres prófugos de la Justicia, desarticuló un proceso judicial que había comenzado para juzgar a quienes usurparon un predio de la Administración de Parques Nacionales (APN) en 2017.

En el cónclave, que se realizó a mediados de diciembre, el mandatario anunció la conformación de una mesa de diálogo, que estaba prevista para los últimos días del año que terminó, pero que finalmente tendrá su encuentro inicial el 11 de este mes en la Casa Rosada.

De esa reunión participaron Isabel Huala y María Nahuel, progenitoras de los prófugos Facundo Jones Huala – quien es buscado por la Justicia chilena desde hace un año – y de Cristian y Juan Pablo Colhuan, respectivamente. Los hermanos Colhuan y la pareja de uno de ellos, Jéssica Bonnefoi, están prófugos desde el 4 de octubre, cuando se realizó el desalojo masivo en Villa Mascardi.

La convocatoria generó malestar en la Justicia Federal, debido a que entorpece el proceso para juzgar a los usurpadores del predio de Parques Nacionales- integrantes de la agrupación Lafken Winkul Mapu, en la denominada “Causa Madre” de Villa Mascardi.

“Es una clara intromisión del poder político en una causa judicial en marcha” confiaron a Infobae fuentes con acceso al expediente.

Antes de la última reunión hubo numerosos encuentros entre autoridades gubernamentales e integrantes de comunidades mapuches, las cuales fueron rechazadas por los últimos, quienes pretendían permanecer en los terrenos usurpados tanto a privados como a organismos públicos.

Si la mesa de diálogo continúa, la Fiscalía Federal de Bariloche podría solicitar el levantamiento del Comando Unificado de Seguridad que fue conformado para ejecutar el desalojo masivo y poner fin a los episodios violentos ocurridos en el paraje.

“No tiene sentido tener la zona plagada de fuerzas de seguridad, si hay un diálogo tan fructífero en trámite. Sería un dispendio de recursos y es contradictorio con la decisión dialoguista”, confiaron desde la Fiscalía Federal de Bariloche.

A través de sus redes sociales, publicaron que la fiscal Cándida Etchepare – quien se opuso a la postergación del proceso judicial que debía comenzar el 9 de diciembre – cuestionó “la intromisión del Poder Ejecutivo dentro de ámbitos propios del poder judicial” y expresó que la dilación del juicio por la Causa Madre “tiene como único objetivo evitar ad eternum el cierre definitivo de estas actuaciones y, en un futuro, lograr la prescripción de la causa penal”.

Los vecinos damnificados por las constantes usurpaciones confirmaron que no fueron convocados a la mesa de diálogo e incluso tampoco el gobierno rionegrino.