El incidente tuvo lugar en horas de la noche en la unidad de detención situada en la zona de campamento YPF donde acudieron los bomberos, pese a que la situación fue controlada por los propios penitenciarios.

Esta vez el recluso Jonathan Parra encendió el colchón en la celda 26 del pabellón A, donde debieron ingresar los agentes penitenciarios de guardia para rescatarlo.

Tanto Parra como los propios penitenciarios fueron trasladados al hospital ante la inhalación de humo, sin registrarse consecuencias para la salud de los involucrados en este episodio.

Este tipo de demandas por parte de los reclusos llaman la atención y nuevamente se traducen en una quema de colchones, siendo el tercer episodio registrado en menos de un mes, con los antecedentes del 14 de abril y 24 de abril pasado.

La superpoblación de presos

Con capacidad para poco más de 60 al momento de su creación, la Unidad de Detención de RGA lleva 22 años de funcionamiento y se encuentra al borde del colapso.

La situación de la Unidad de Detención 1 de Río Grande es crítica y se encuentra al borde del colapso: con más de 22 años de funcionamiento, alberga un máximo histórico de 150 detenidos, cuando fue construida con una capacidad para 60.

A pesar de la creación de anexos y distintos pabellones improvisados para aumentar su capacidad de alojamiento, presenta serios inconvenientes para el funcionamiento de las instalaciones del establecimiento como baños, cocinas, salones de visitas e incluso la sala de enfermería, que denuncian que fue convertida también en una celda de alojamiento, asegura un artículo de Resumen Policial.

Solo la semana pasada, por cuestiones de flagrancia, tres sujetos fueron detenidos y trasladados a la Unidad. En tanto, un cuarto sujeto fue condenado a prisión efectiva en un juicio y otro más con prisión preventiva en relación a un caso de Violencia de Género. Además, hay un potencial sexto detenido cuando se resuelva la situación del hombre detenido en relación al doble crimen, quien hasta ese entonces permanece en comisaría.

Por su parte, el Servicio Penitenciario de Ushuaia busca reacomodarse y sacar de la alcaidía a los internos con permisos de salida hacia una dependencia policial en desuso. Sucede que esto implicaría desdoblar el recurso humano que también es limitado. Además, la cárcel de Ushuaia carece de financiamiento y no tiene respuestas positivas desde el Gobierno Nacional.