En el marco de instancias decisivas en la negociación con el FMI, que se tensó en las últimas horas por el nivel de ajuste fiscal que exigiría el organismo según dejaron trascender fuentes oficiales, el Banco Central volvió a hacer en los últimos días dos giros millonarios para solventar las cuentas del Tesoro. En rigor, las transferencias totalizaron poco más de $1 billón de pesos en la semana del 30 de junio y el 7 de julio últimos.

Con parte de esos fondos, unos $260,000 millones, el Gobierno afrontó el pago de cupones de la deuda a los acreedores extranjeros que se produjo el lunes por un total de USD 1.020 millones. El destino del monto restante, se descarta, es el financiamiento del desequilibrio fiscal, variable que el Fondo Monetario tiene siempre en la mira.

El mecanismo emisión monetaria por parte del BCRA para asistir al Tesoro, muy por encima de los parámetros acordados con el organismo a principios de año, dejó de ser una novedad ya en el primer trimestre del año, cuando se empezó a hacer evidente que el Gobierno no podría cumplir no sólo con la meta de acumulación de reservas sino tampoco con el objetivo de reducción del déficit fiscal y de asistencia “directa” -es decir, sin incluir la emisión para la compra de deuda en pesos- del Banco Central para cubrir el rojo. Sin embargo, el dato se destaca en el contexto de una negociación en la cual, según funcionarios del equipo económico, la clave para alcanzar el entendimiento pasa, precisamente por un mayor orden fiscal.

Según publicó ayer Infobae, en línea con los reclamos públicos de las autoridades del FMI de “adaptar las políticas” al endurecimiento de las condiciones que impactan en las cifras la economía argentina por el efecto de la sequía, por ejemplo, el organismo reclama al ministro de Economía, Sergio Massa, ya no que cumpla con la pauta original prevista para 2023 de déficit fiscal de 1,9% del PBI sino que lo reduzca aún más, a 1,5% del producto. Esta nueva exigencia, por demás ambiciosa si se tiene en cuenta el amplio desvío en el que ya incurrió el Gobierno respecto de la meta vigente durante los primeros meses del año, por no recordar que acaba de iniciarse la campaña electoral que se extenderá al menos por los próximos tres meses, habría trabado la negociación. Es lo que confiaron fuentes del equipo de Massa, cuyos principales funcionarios tienen “el pasaje abierto” para subirse al avión en cuanto se considere que está todo listo para firmar un entendimiento técnico con el staff del FMI.

En principio, el periplo a Washington estaba agendado para el martes a la noche, sin embargo se postergó nuevamente. El mensaje inicial fue que la dilación era apenas por 24 horas pero ese tiempo también se dilató y, ahora, el viaje tiene fecha indefinida. Lo cierto es que los tiempos no juegan precisamente a favor de los negociadores argentinos.

Por un lado, a partir de la semana que viene, gran parte de la burocracia en Estados Unidos ingresa en el período de receso de verano, que suele extenderse hasta mediados de agosto. Pero, aun cuando se lograra reunir a todos los representantes necesarios para una votación del acuerdo en el directorio del organismo, paso imprescindible antes de generar un desembolso, lo cierto es que sería inédito que en poco más de 15 días se destraben las negociaciones y el eventual entendimiento alcance el tratamiento formal en el board con el consiguiente visto bueno y giro de fondos inmediato.

Así las cosas, la atención se centra ahora en cuál será el mecanismo que se diseñará por el cual la Argentina no incurra en incumplimiento formal con el Fondo al no pagar los USD 3.400 millones que se deberían desembolsar entre el 31 de julio y 1° de agosto. Lo cierto es que no sería la primera vez que el país no pague a tiempo, ya ocurrió con el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, pero “la rebeldía” duró apenas unos días en un contexto en el que las garantías de un acuerdo inminente eran mucho mayores a las actuales.