La cuestión medioambiental se está convirtiendo en un negocio en Brasil. Además de ser protagonista inevitable de cada discurso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que en sus viajes al extranjero intenta recaudar fondos por todas partes, especialmente para la Amazonia, se ha convertido en una verdadera oportunidad económica, valorada en millones de dólares pero no exenta de riesgos.

En concreto, es la cuestión del mercado de créditos de carbono la que vuelve a estar en el candelero con una propuesta legislativa elaborada por el equipo de gobierno de Lula que se presentará al Congreso en agosto. La idea es regular el mercado de estos créditos. El texto del proyecto incluye un sistema nacional de medición para que Brasil emita sus propios certificados, que actualmente son responsabilidad de entidades extranjeras. Según el proyecto, las instalaciones que emitan más de 25.000 toneladas de CO₂ equivalente al año tendrán que someterse al mercado regulado. El criterio es, pues, el de un límite horizontal de las emisiones y no por sectores, lo que sugiere que será principalmente el sector industrial el que se verá afectado y sólo una pequeña parte el sector agroalimentario, en particular el de los mataderos de carne. Pero la ambición del nuevo gobierno es sobre todo en relación con el resto del mundo. Brasil, según las intenciones, quiere convertirse en una referencia mundial, exportando proyectos de innovación en el área de la retención de gases de efecto invernadero, pero también comerciando créditos de carbono con otros países.

Los créditos de carbono son certificados generados por actividades que evitan la deforestación y la degradación forestal. Cada uno de ellos equivale a una tonelada de CO2 que deja de emitirse a la atmósfera gracias a la deforestación evitada. El artículo 6 del Acuerdo de París firmado en 2015 entre los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se creó para ayudar a los países a reforzar sus estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Antes del Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto permitía a los países industrializados “compensar” sus emisiones comprando créditos de carbono a los países en desarrollo, que no estaban sujetos a tales objetivos. Sin embargo, ese mecanismo de compensación no conducía a reducciones globales de emisiones en términos absolutos, sino que simplemente transfería reducciones de emisiones de un país a otro en forma de créditos de carbono. El gran cambio con el Acuerdo de París fue la introducción de los llamados “ajustes correspondientes”: el país vendedor tendrá ahora que sumar a su cómputo las emisiones correspondientes a los créditos vendidos. Esto significa que, para alcanzar el nivel objetivo de reducción de emisiones, el país tendrá ahora que aplicar medidas adicionales de reducción de emisiones para reducir las toneladas de gases de efecto invernadero vendidas además de las previstas inicialmente en el plan nacional.

En cuanto a Brasil, más allá de las intenciones, tiene que hacer frente a un importante retraso en el sector. Un estudio de McKinsey de septiembre de 2022 reveló que, aunque el país represente el 15% del potencial mundial de captura de carbono por medios naturales, Brasil sigue generando menos del 1% de su capacidad anual de créditos de carbono. Y son muchos los que dudan de la viabilidad real de este mercado. “Es el llamado ‘jeitinho’ brasileño, un modo de gestión que hace que tengamos, por ejemplo, un programa gubernamental que genera falsos créditos de carbono como Renovabio”, explica a Infobae Patrizia Tomasi-Bensik, de Planck E y consultora durante 14 años de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC en inglés). “¿Quién cree que puede haber seriedad en el mercado verde brasileño? Imposible. Renovabio no cumple ninguno de los requisitos de la UNFCC”, dijo a Infobae.

Renovabio es un programa lanzado en 2018 por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Bi-combustibles (ANP) que sanciona una política nacional de biocombustibles para proporcionar, como dice la página oficial, “una importante contribución al cumplimiento de los compromisos de Brasil en el marco del Acuerdo de París” y “garantizar la previsibilidad del mercado de combustibles, induciendo ganancias de eficiencia energética y reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en la producción, comercialización y uso de biocombustibles”. Pero queda una gran pregunta: ¿Cómo puede elegirse el biocombustible como forma de generar créditos de carbono si la producción de biocombustible no consigue eliminar el dióxido de carbono?

En cuanto a los créditos de carbono forestales, para participar activamente en este mercado no basta con poseer una superficie de bosques: la posibilidad de obtener créditos de carbono está ligada al desarrollo de proyectos de silvicultura sostenible que, mediante la reforestación o repoblación forestal, aumenten la capacidad del bosque para secuestrar CO2 de la atmósfera. “Para poner en marcha un mercado serio de créditos de carbono”, explica a Infobae Patrizia Tomasi-Bensik, “deben cumplirse los dos criterios que definen un crédito de carbono, es decir, la eliminación de un volumen de gases de efecto invernadero y el hecho de ser adicional”, lo que significa que el proponente del proyecto debe demostrar que la reducción adicional de emisiones no se habría logrado sin el propio proyecto. Así pues, este criterio implica actividades de monitoreo y verificación para garantizar la correcta cuantificación de los créditos de carbono.

En Brasil más que los controles la preocupación ahora es no perder el tren y entrar en el negocio, que según estimaciones de la ICC Brasil, que reúne los miembros brasileños de la Cámara de Comercio Internacional, es gigantesco y podría hacer ganar al país 577.200 millones de reales, unos 120.000 millones de dólares, de aquí a 2030. Esta nueva fiebre del “oro verde” ha contagiado a políticos y bancos que están invirtiendo como nunca en operaciones de reforestación que son parte fundamental del mercado de créditos de carbono. Por ejemplo, en la start-up “re.green”, fundada en 2021, han confluido fondos de una sociedad de inversiones, la BW, de los banqueros Moreira Salles y del ex presidente del Banco Central, Arminio Fraga. Incluso el grupo Votorantim, cuya Cementera Votorantim fue multada en 2010 por delitos medioambientales, ha creado ahora Reservas Votorantim, que incluye un proyecto piloto de reforestación en el estado de Goiás de tres mil hectáreas para la generación de créditos de carbono.

Si no se aprueban regulaciones y, sobre todo, si no se implementan controles serios, el riesgo de que este nuevo mercado verde se convierta en el Salvaje Oeste es alto. En un informe publicado recientemente, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) ha denunciado el caso de una empresa brasileña de criptomonedas que ya había preparado un contrato que debían firmar los indígenas Suruís Aikewaras de la comunidad de Sororó, en el estado amazónico de Pará, para la generación de créditos de carbono en su reserva.

Según el contrato discutido, los indígenas obtendrían el 50% de la venta de los créditos de carbono, la empresa el 30% y otro 20% se invertiría en supuestas acciones sociales en el territorio. Pero este no es un caso aislado: “Comunidades y líderes indígenas de diversas localidades del país han sido contactados por empresas y estudios de abogados interesados en presentar proyectos y, en algunos casos, incluso firmar contratos”, dice el documento de la Funai. En ese mercado que aún no está regulado en Brasil, los primeros en pagar el precio de esta fiebre del “oro verde” son los pueblos indígenas, que se espera que sean protegidos en la discusión en el Congreso de las normas para el mercado de créditos de carbono.