El Senador Nacional Pablo Daniel Blanco presentó una nota ante la Jefatura de Gabinete de Ministros dirigida a Agustín Rossi en el marco del derecho al acceso a la información pública. Mediante ella solicita que informe si se ha dispuesto alguna medida tendiente a investigar la conducta administrativa de los funcionarios y agentes involucrados y que tomaron parte del proceso (por acción u omisión) y consecuente control de legalidad de la actividad del Estado y sus funcionarios en torno a la instalación del radar para supuesta búsqueda y rastreo de basura espacial por parte de la empresa multinacional  Leolabs  en la Ruta 3 km. 2946 Tolhuin, y en su caso, detalle y avance de las mismas; así como la remisión de todas las actuaciones administrativas que se registren en el ámbito de la Presidencia de la Nación, en la Jefatura y ministerios a su cargo, así como en organismos descentralizados y autárquicos, de corresponder, que hubieren tomado en el procedimiento referido. También toda la información y documentos o registros o permisos o excepciones o cualquier otro tipo de solicitud, trámite, presentación, pedido de inscripción, autorización, contrato, acuerdo, audiencias, informes, estudios de impacto ambiental o nuclear, de defensa, de colaboración, reclamos, denuncias, etc. que registre el Estado Nacional en cualquiera de sus áreas, dependencias, ministerios, empresas y organismos descentralizados, autárquicos, sociedades del estado, etc.

Blanco solicitó, además, que se informe sobre las actuaciones que pudieren haberse producido o dispuesto su realización a partir de la suspensión definitiva de la autorización precaria oportunamente otorgada a la empresa en cuestión, tales como informaciones sumarias, sumarios administrativos, pedidos de descargo, relevamiento de normativa y en su caso de proyecto de modificación de circuitos internos, etc.; y todo otro dato de interés referido al proceso que llevó a la instalación del radar en Tolhuin y su puesta en servicio.

En su presentación Blanco destaca que “Rossi, por haber sido Ministro de Defensa, no puede no dimensionar la falla tremenda que la instalación del radar significa, así como las consecuencias de incalculable daño actual y futuro para nuestra soberanía y para nuestra seguridad nacional en términos espaciales, militares, geopolíticos, estratégicos y de política exterior en foros internacionales y aún con nuestro país hermano de Chile.

Para el senador que representa a Tierra del Fuego “la altísima gravedad que reviste este hecho y sus implicancias no tolera dilaciones buscando excusas con notas y acusaciones cruzadas entre el gobierno provincial fueguino y el nacional”.

Las responsabilidades del gobierno nacional para la instalación y puesta en funcionamiento de este radar son múltiples y no se concentran todas exclusivamente en la autoridad que otorgó el permiso precario para su funcionamiento. También tomaron intervención la Dirección General de Asuntos Satelitales; el ENACOM y la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En la nota presentada, Blanco comparte los términos del informe del Ministerio de Defensa en cuanto señala que “Al estar ubicado el emplazamiento del radar en el Área Aduanera Especial (AAE) de Tierra del Fuego, hay que considerar que rigen condiciones especiales para las importaciones/exportaciones. Por lo tanto, todo egreso de mercadería del AAE es considerada una exportación, así como todo ingreso, una importación. Por lo que debería involucrar a la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB) en su gestión análisis de riesgo y consideración”.

“En la misma línea -agrega el senador nacional- debieron tomar intervención la Aduana –dependiente del Ministerio de Economía- y los organismos específicos como la Comisión Nacional de Actividad Espacial (CONAE) dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Autoridad Regulatoria Nuclear –en el ámbito de Presidencia de la Nación”.

“Asimismo, también debió participar la Dirección de Seguridad Internacional de Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN), que forma parte de la Subsecretaría de Política Exterior de la Cancillería”.

De acuerdo a la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, la Ministra de Producción y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego solicitó excepciones de importación para a la empresa LeoLabs Argentina SRL. Por eso, quisiera saber cuántas solicitudes de excepción efectuó la funcionaria en beneficio de LeoLabs Argentina SRL ¿A cuántas de dichas solicitudes se les dio curso favorable, y en su caso, en qué términos y con qué alcance? ¿Cuántas excepciones solicitó la empresa por sí misma y cuántas se le concedieron?

“Por último -advirtió Blanco- la propia LeoLabs Argentina SRL manifestó en carta al Gobernador Melella que pedirá en el ámbito de la Inspección General de Justicia la transferencia de las cuotas de los actuales socios de la sociedad a dos sociedades del mismo grupo, pero con domicilio en los EE.UU. Esto quiere decir reemplazar figurativamente los capitales irlandeses e ingleses por capitales norteamericanos con toda la intención de que el radar siga funcionando. Esto es una burla que debe ser rechazada por el gobierno fueguino, el gobierno nacional y el pueblo argentino. El radar debe desmontarse íntegramente de una buena vez y, tanto el gobierno provincial como el nacional, deben dejar de pasarse la pelota el uno al otro alegremente. Estamos ante una situación extremadamente grave y aquí ambos son responsables de poner en riesgo la seguridad nacional y nuestra soberanía”.