El ex asesor y operador judicial de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, sufrió un nuevo revés en la Justicia de Uruguay y, luego de más de dos años prófugo, quedó en las puertas de la extradición hacia la Argentina.

Rodríguez Simón es investigado en nuestro país por extorsión a los dueños del Grupo Indalo y podría ser extraditado en los próximos días luego de que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay rechazara un recurso presentado por su defensa, según informó hoy Búsqueda.

La Corte de Justicia uruguaya rechazó el recurso de inconstitucionalidad que interpuso, que había suspendido un segundo proceso que estudiaba la situación del ex funcionario. A partir de la reciente sentencia, del jueves 19, continuará la causa que resolverá si debe tramitarse el pedido de extradición emitido por la Justicia argentina.

En mayo de 2021, la jueza federal María Servini declaró rebelde y pidió la captura de Rodríguez Simón.

El funcionario informó entonces que era víctima de una supuesta persecución política en su país.

La Suprema Corte de Uruguay ya había rechazado otro pedido de Rodríguez Simón en mayo de este año.

En su pedido de extradición, la jueza Servini consideró que los hechos que se investigaban eran de “grave trascendencia institucional”, dado que fueron denunciados por funcionarios públicos que involucraban a diversos organismos e incluso al entonces presidente Mauricio Macri.

Rodríguez Simón había participado de reuniones con Cristóbal López y sus socios Federico de Achával y Ricardo Benedicto, en las que expreó las pretensiones económicas que tenía el gobierno y que, en caso de que no fueran acatadas, les decía, eso tendría consecuencias negativas “tanto para sus empresas como para ellos”.

La jueza había solicitado indagar al ex asesor luego de que se conociera una serie de entrecruzamientos de sus llamadas durante tres años y medio. Fueron en total 10.738 los contactos que aparecieron con un grupo de “interlocutores comunes y frecuentes”.

Como Rodríguez Simón no se presentó a la indagatoria, la jueza Servini ordenó su captura y pidió el congelamiento de sus cuentas bancarias y una inhibición de sus bienes.

Además de sus diálogos con otros funcionarios del gobierno, figuraban 59 contactos con el presidente de la Corte Suprema argentina Carlos Rosenkrantz, a quien él propuso para llegar al máximo tribunal y con quien mantenía una amistad previa.